Es un fenómeno sociopolítico que ha afectado durante años a la entidad, principalmente en zonas de población indígena, donde los conflictos políticos han detonado crisis humanitarias
Óscar Aquino/ Portavoz
El pasado 16 de marzo, 249 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas originarios del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó levantaron el plantón que mantuvieron por más de una semana en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez. Una noche antes, les fue confirmada la liberación de dos hombres de esa comunidad, quienes desde el año 2016 estuvieron presos en el Amate, acusados indebidamente de haber asesinado a una niña en ese año.
Todos ellos, los que ocuparon el parque central, entre ellos las 10 personas que se pusieron en huelga de hambre como reclamo al gobierno, fueron desplazados de sus viviendas en el Ejido Puebla. Eso ocurrió en mayo del 2016, cuando, por un conflicto postelectoral, grupos armados irrumpieron en ese sitio de forma violenta causando destrozos de viviendas y amedrentando a los habitantes.
Las 249 personas salieron del Ejido Puebla en busca de un sitio donde protegerse de los grupos armados y de la violencia imperante en esa y otras zonas indígenas del estado de Chiapas. La razón por la que no pueden estar en sus casas es que se oponen al gobierno encabezado por Rosa Pérez, alcaldesa de Chenalhó.
Los conflictos políticos derivados de elecciones en las que los resultados son cuestionados por ciertos sectores de la población, están entre las principales causas del fenómeno de desplazamiento forzoso. Otros factores son la intolerancia religiosa, los conflictos territoriales y la violencia.
Al respecto, un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que “la mayoría de los desplazados en Chiapas son desplazados por violencia”, pero también hay agravantes en la situación que viven los desplazados al tener que abandonar sus hogares por el riesgo que corren sus vidas.
“Han sufrido la combinación de éste (desplazamiento forzoso) con el desplazamiento inducido, refiriéndonos a las situaciones de intimidación, hostigamiento e inducción al temor”, apunta el documento que forma parte de la Biblioteca Jurídica Virtual del instituto señalado.
Al mismo tiempo, explica que el fenómeno de los desplazamientos forzosos, en Chiapas ocurren en zonas indígenas; los municipios más afectados por estas situaciones son: Chenalhó, Tila, Sabanilla y Palenque y los lugares más utilizados como municipios “receptores” de la gente desplazada son Salto de Agua, San Cristóbal de las Casas, Chilón y Venustiano Carranza.
Las 249 personas del ejido Puebla se encuentran alojados en un predio en San Cristóbal de las Casas, sin embargo, sus condiciones de vida son complicadas por la falta de alimentos y de formas de sustento para las familias.
El estudio del IIJ indica que en muchos casos, las personas desplazadas pertenecen a organizaciones sociales que se oponen al Partido Revolucionario Institucional o al partido del gobierno en turno. Ese sector suele recibir intimidaciones por parte de grupos paramilitares que operan en la zona.
“Al interior de estas comunidades indígenas se han producido y exacerbado por la presencia de grupos paramilitares y de grupos dirigentes de partidos políticos oficialistas como una estrategia para desmantelar al EZLN, es decir que estamos hablando de las estrategias más eficaces de la guerra de baja intensidad en Chiapas”.
El caso de los habitantes del ejido Puebla trascendió las fronteras de Chiapas y de México puesto que fue abordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que emitió una serie de medidas cautelares para dar solución a ese conflicto en el que 116 niños resultaron afectados y tuvieron que pasar todos los días en el plantón del parque central capitalino.
Otro evento de desplazamiento forzado que tuvo repercusiones en el ámbito nacional e internacional fue el que sucedió a finales del año pasado, en el que más de cinco mil personas habitantes del municipio de Chalchihuitán tuvieron que dejar sus casas y sus patrimonios para huir de la violencia generada por los grupos armados de Chenalhó, mismos que, presuntamente, eran manejados por la presidenta municipal de esa localidad.
Esto fue por un conflicto territorial que lleva más de 45 años por los límites territoriales de Chenalhó y Chalchihuitán, una disputa por 365 hectáreas reclamadas por Chenalhó.
El primero de noviembre del año pasado, en Chalchihuitán comenzaron a escucharse disparos y se vieron a sujetos armados amedrentando a la población. En medio de la confusión, la gente huyó de ese lugar y se refugió en la montaña, en donde el frío consume vidas y donde el alimento escasea.
La situación de esas personas fue dada a conocer masivamente por medios de comunicación, lo cual provocó la reacción de sociedad civil, instancias gubernamentales y asociaciones civiles, quienes brindaron ayuda ante lo que se consideró una crisis humanitaria. Hay que mencionar que en esta disputa territorial han perdido la vida al menos 11 personas, incluidos niños que fallecieron al no soportar la vida en la intemperie, en las montañas de los Altos de Chiapas, donde el frío azota como en ningún otro lado de la entidad.
Este conflicto fue testificado y analizado por la relatora de Derechos Humanos de la ONU, quien visitó las zonas afectadas y las condiciones en las que se encontraban sobreviviendo los desplazados.
En enero de este año, la mayoría de esos desplazados regresaron a sus hogares, aun estando conscientes de que no contaban con las condiciones de seguridad pues, aunque el Tribunal Agrario emitió el veredicto en favor de Chenalhó, el conflicto continúa por lo que aún hay más de mil personas que siguen viviendo en un campamento en San Cristóbal de las Casas.
En cualquiera de los casos, el desgobierno y la escasa voluntad política que suele verse manifiesta en las zonas indígenas de Chiapas, así como la lentitud institucional para atender y dar solución a los conflictos y desmantelar los grupos paramilitares, son factores que siguen provocando el doloroso fenómeno.
“La mayoría de los desplazados en Chiapas son desplazados por violencia”, pero también “han sufrido la combinación de éste (desplazamiento forzoso) con el desplazamiento inducido, refiriéndonos a las situaciones de intimidación, hostigamiento e inducción al temor”. Jorge Luis Cruz Burguete. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
