Por tres años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado irregularidades millonarias en las Cuentas Públicas de Chiapas. Se trata de dinero del que no queda claro su aplicación, paradero o destinatario, en la entidad más pobre de México.
En 2015, el probable daño a la hacienda pública ascendía a mil 245 millones de pesos; en 2016, se proyectaban ejecutar al menos 67 auditorías a diversos entes públicos en la entidad; y en 2017, se trata de 187 millones que no aparecen.
Lo revelado por el informe de la Cuenta Pública 2015 que elaboró la ASF da cuenta de presuntos detrimentos en montos entregados al gobierno estatal para proyectos sociales y de infraestructura como carreteras, aulas escolares, hospitales, construcción de vivienda, agua potable y caminos rurales.
Ese año, Chiapas se ubicó como el tercero con mayor monto observado respecto del importe asignado al gobierno estatal.
Respecto a las 67 auditorías de 2016, la mayoría correspondían a los Ayuntamientos, seguidos del gobierno del estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De las alcaldías por auditarse ese año, el conteo lo lideró Tuxtla Gutiérrez con tres auditorías; le siguieron con dos procesos, los municipios de Chilón, Chamula y Ocosingo. Venustiano Carranza, Villaflores, Comitán, Las Margaritas, Ocozocoautla, Oxchuc, Palenque, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tila afrontaban una auditoría cada uno.
2017
De acuerdo con un reportaje de Sin Embargo, el año pasado, la ASF encontró irregularidades en el sistema de Salud de Chiapas por un monto de 187 millones 348 mil 662 pesos.
Se detectaron en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; los Federales Transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud, el gobierno del estado, “Prospera” y al Programa de Inclusión Social, en su componente Salud.
El medio señala que el dinero se transfirió a otras cuentas y terminó siendo utilizado para fines ajenos a los propósitos —como “pagar salarios a personal que ese presupuesto no cubría”—; o en otros casos, no hay comprobantes o recibos que sustenten que el recurso cumplió su objetivo.
Se hallaron con que, en lugar de usarse en el sector Salud, el monto se utilizó en pagos a gente que no tenía el perfil requerido para cierta plaza, o para personal sindicalizado que no estaba cubierto por esa partida, que hubo subejercicio sin comprobar y pagos a personas de las que no hay prueba de que hayan trabajado.
Sin Embargo relata que el Instituto de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas abrió una cuenta bancaria productiva, para la recepción de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Por ese concepto, al Gobierno del Estado de Chiapas le fueron asignados 4 mil 202 millones 197 mil pesos, en 2017. De esa cantidad, se realizaron transferencias a otras cuentas y fondos por 22 millones 974 mil 200 pesos.
De las observaciones hechas por la ASF, destacan “un rendimiento de 333 mil pesos de los que no hay recibos; 6 millones 888 mil 821 pesos de los que no se acreditó su destino, aplicación o pago acorde a los objetivos del fondo y 2 millones 367 mil 822 pesos que se pagaron a 10 servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado pero que cobraron en el ejercicio fiscal 2017, sin los requisitos académicos solicitados”.
No obstante, “la cantidad más grande que reclamó la ASF fue la que se pagó a personal sindicalizado que no estaba considerado en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. El probable daño a la Hacienda Pública Federal se fijó en 73 millones 661 mil 710 pesos”.
Acerca de las irregularidades en “Prospera”-Componente Salud, la dependencia federal encontró que de éste se transfirieron 5 millones 900 mil pesos, a cuentas bancarias de otros fondos o programas; esa cantidad no fue reintegrada y a ella se suman 143 mil 392 pesos de los que no se tiene conocimiento de su destino.
Además, la ASF pidió que se justifique un subejercicio de 32 millones 642.4 miles de pesos del presupuesto anual de “Prospera”, y la razón de por qué no se ejerció.
Por último, de 2 mil 447 millones 239 mil pesos de recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno del estado, aún no se aclara la utilización de 42 millones 242 mil 869 pesos que antes del término de este 2018, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
La cantidad más grande que reclamó la ASF fue la que se pagó a personal sindicalizado que no estaba considerado en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. El probable daño a la Hacienda Pública Federal se fijó en 73 millones 661 mil 710 pesos
