Otros factores que indicen en el incremento de esta problemática es la impunidad en grupos sociales de recursos limitados. Por ello no es fortuito que se concentre en México, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Chiapas e Hidalgo
Hay una fórmula que genera el alza de linchamientos: falta de confianza en las corporaciones de Policía, altas tasas de impunidad y un grupo social de recursos limitados con presencia de delincuencia. Esa es la hipótesis que revela un estudio encabezado por especialistas de la UNAM, en el que Chiapas figura como el sexto con este tipo de incidentes.
Según lo retomado por La Jornada, la investigación “Linchamientos en México: una puesta al día”, revela que de 2010 a 2018, esta problemática catalogada como “presumibles actos de justicia por propia mano”, cobra una gravedad extrema al llegar a una cifra de 985 casos.
El promedio anual en ese periodo fue de 109 linchamientos; además, no hay entidad federativa exenta de la comisión de estos actos violentos.
Los especialistas Raúl Rodríguez Guillén y Norma Veloz Ávila, ambos de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y quienes lideran el estudio, no es fortuito el incremento en el número de estos incidentes.
“A manera de hipótesis, podría plantearse que ahí donde se presentan altas tasas de delincuencia que afectan directamente a grupos sociales de recursos medios y bajos, acompañadas de altos índices de impunidad, a los que se ligan sentimientos de inseguridad, la indignación y falta de confianza en las autoridades policiales y de administración de la justicia tiende a expresarse con mayor frecuencia relativa e intensidad la violencia social, particularmente en lo que se refiere al fenómeno de los linchamientos”, dictan en sus conclusiones.
También especifican que los estados de México, Puebla y la Ciudad de México reportan 62 por ciento de los casos entre 1988 y 2018; junto con Oaxaca, Morelos, Chiapas e Hidalgo —en ese orden—, se conjunta el 79 por ciento de los hechos reportados en un lapso de 31 años.
La práctica de retenciones, amenazas de linchamiento e incluso la consumación de este hecho son prácticas añejas en el estado.
El pasado 3 de septiembre, la actuaria del Poder Judicial del Estado, Esperanza Trejo Domínguez fue retenida en la comunidad Yastinin, de San Cristóbal de Las Casas. La liberaron tras una mesa de diálogo y negociación que entablaron funcionarios de gobierno, a cambio de la liberación de una persona que permanecía reclusa en el penal número 5 y 100 mil pesos.
Por esas mismas fechas, pobladores de Las Margaritas amenazaron de muerte a personal del Hospital Básico, con el argumento de amarrarlos y quemarlos vivos si algún paciente moría. El nosocomio afronta crisis de medicamentos e insumos.
