La población indígena interna en los centros penitenciarios del país hasta el 2015 era de 8 mil 412 personas; discriminación e injusticia es a lo que se enfrenta este grupo vulnerable
FOTOGRAFÍA: JACOB GARCÍA
Las personas indígenas son un grupo de la población en situación de vulnerabilidad, que por factores como la pobreza, marginación, educación, aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. Esta condición se acentúa en aquellos que están privados de la libertad en un centro penitenciario, los cuales frecuentemente se enfrentan a la negación de sus derechos como personas indígenas e internos; tal es el caso de Juan de la Cruz Ruiz, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados, número 5 de San Cristóbal de las Casas, quien envió un amparo indirecto, el cual fue entregado por El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Este amparo indirecto fue para solicitar la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno del estado de Chiapas responsables de vulneraciones a sus derechos humanos.
En el documento se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en injusta prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 5, en San Cristóbal de Las Casas. El oficio correspondiente se encuentra dentro del cuadernillo 387/MR/2012, está firmado por el actual gobernador, Rutilio Escandón Cadenas que en ese entonces era Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios integrantes en esa fecha de la Mesa de Reconciliación.
Esta petición fue enviada para su trámite específico ante la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, quien desde el 12 de febrero de 2016, recibió y debió expedir la boleta de libertad.
De acuerdo con la información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta noviembre de 2015, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8 mil 412 personas. De ésta 7 mil 728 pertenecen al fuero común y 684 al fuero federal y, en cuanto al género, 286 son mujeres y 8 mil 126 hombres.
El centro de derechos humanos Fray Bartolomé conoció esta exhortación el 19 de noviembre de 2019 y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y el Gobernador de Chiapas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación de Juan.
A 3 años y casi 10 meses desde que la omisión de autoridades del gobierno incrementó la discriminación y falta de justicia a Juan y su familia; en total son 12 años, 9 meses y 4 días en prisión pagando un delito que no cometió, esta organización ha documentado que el 28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad y fue torturado por policías ministeriales, desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal.
La historia de Juan, originario del municipio de San Juan Chamula, es un claro ejemplo de discriminación a población integrante de pueblos originarios, por ello desde prisión se organiza con otros presos y desde el 15 de marzo de 2019, iniciaron una huelga de hambre para denunciar las injusticias del sistema penal en Chiapas.
Juan de la Cruz Ruiz, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados, número 5 de San Cristóbal de las Casas, y envió un amparo indirecto, el cual fue entregado por El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
