Creadas en 2017 a nombre de ancianos pensionados, Dizoal y Esrome recibieron pagos millonarios de la corporación para proveer equipos y sistemas de espionaje
PORTAVOZ / AGENCIAS
En 2018, la Policía Federal adjudicó tres contratos por 772 millones de pesos -40 millones de dólares de entonces- a empresas fachada, según una investigación de EL PAÍS y Univision. Las compañías son Dizoal y Esrome, creadas ante el mismo notario del Estado de México el mismo día, el 4 de abril de 2017. El Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano muestra que los socios de las empresas cuando se firmaron los contratos eran dos jubilados de Naucalpan, un municipio en la zona metropolitana de Ciudad de México. Uno es un carpintero retirado de 74 años, quien asegura que no ha pisado la oficina de un notario desde que firmó su testamento en 2003. La otra es una limpiadora pensionada de 65 años que no recuerda haber ido nunca al notario.
Los contratos se firmaron durante los últimos seis meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El acuerdo era proveer sofisticados equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones. Ya en 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en los contratos de Dizoal y Esrome, sobre todo por el equipo adquirido, pagado a sobreprecio o directamente defectuoso.
Cuando se firmaron los contratos, la Policía Federal dependía de la Secretaría de Gobernación, encabezada por el político mexiquense Alfonso Navarrete. El dinero salió de la partida presupuestaria de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, un rubro dedicado a acciones que implican riesgo, urgencia o confidencialidad. En 2018, el presupuesto de la Policía Federal en esta partida fue de 3.247 millones de pesos, unos 170 millones de dólares. Es decir, uno de cada cuatro dólares que gastó la Policía Federal con cargo a esa partida en 2018 terminó en las empresas fachada.
Los Gastos de Seguridad Pública y Nacional son una de las partidas más oscuras del presupuesto. En teoría, su uso está acotado a investigaciones delicadas, para evitar que policías, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prevé controles para esta partida, pero la Administracion anterior aumentó su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los órganos fiscalizadores. En julio, EL PAÍS informó de un presunto desfalco de 7,8 millónes de dólares cometido por funcionarios de la vieja fiscalía en 2013 y 2014, cuando el titular era Jesús Murillo Karam. El dinero salió de la misma partida, Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
Cuando la ASF cuestionó el proceso de contratación y adquisición de los equipos, Dizoal y Esrome dijeron que sus proveedores eran compañías israelíes. Según los auditores, los nombres de las empresas israelíes son Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves. Es probable que estas firmas no tengan ningún conocimiento de su aparición en los contratos de Dizoal y Esrome con la Policía Federal. Los auditores descubrieron que ninguna de las dos empresas mexicanas transfirió dinero en pago por los equipos a proveedores fuera del país. Las empresas israelíes no respondieron las llamadas del equipo periodístico.
Pese a las irregularidades, la ASF no investigó el historial mercantil de Dizoal y Esrome. Ignoró que fueron creadas el mismo día, ante el mismo notario y que sus dueños en el papel son personas mayores de bajos recursos. Los auditores tampoco indagaron en el proceso de adquisición de los equipos. “La Auditoría no siguió la ruta del dinero y la trazabilidad de los proveedores. Generar auditorías de este tamaño y esta naturaleza requiere saber quién decide el gasto y por qué, quiénes son los proveedores. Ellos tendrían que haberlo hecho”, dice Muna Dora Buchahin, especialista en fraude y lavado de dinero. Buchahin trabajó durante 13 años en la ASF y dirigió el área de daño patrimonial, que realiza auditorías por malversación de fondos públicos. La ASF la separó de su cargo en 2018, después de que ella iniciara investigaciones por corrupción dentro del Gobierno.
La organización C4ADS, que se dedica al análisis e investigación de conflictos globales y temas de seguridad transnacional, revisó los registros internacionales de comercio a solicitud de Univision y EL PAÍS. La organización, con sede en Washington DC, dice que en las bases de datos de registros aduaneros internacionales no figuran envíos de las empresas israelíes a Dizoal o Esrome. “Una revisión de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostró que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en México en 2018, ni en ningún momento posterior”, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.
En respuesta a las preguntas del equipo de periodistas, la ASF argumenta que la auditoría se realizó “con todo el rigor técnico y cumpliendo y agotando los procedimientos correspondientes por lo que no existe falta de profundidad”. El órgano de fiscalización señala que Dizoal y Esrome transfirieron los recursos a otras empresas que tienen “perfectamente identificadas”. La ASF añade que Esrome y Dizoal no pagaron sus impuestos. “Al respecto, se solicitó al SAT a través de la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal que constataran el cumplimiento se sus obligaciones fiscales”.
Pese a las irregularidades, la ASF no investigó el historial mercantil de Dizoal y Esrome. Ignoró que fueron creadas el mismo día, ante el mismo notario y que sus dueños en el papel son personas mayores de bajos recursos
