Dr. Gilberto de los Santos Cruz
Ahorrar en el gobierno mexicano fue una promesa que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña rumbo a la presidencia. Aseguró a la población que se acabaría con el lujo y despilfarro de las instituciones gubernamentales, y se recortarían los salarios de los altos funcionarios. A cambio, afirmó que habría organismos más eficientes y que el dinero sería destinado a la población.
Su promesa se volvió realidad cuando se convirtió en presidente de México. El 30 de abril de ese año se remitió a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana. Los receptores aprobaron el proyecto legislativo en lo general el 2 de julio.
“Los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresa productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
Las instituciones mencionadas están obligadas a adquirir bienes e inmuebles con máxima economía, eficiencia y funcionalidad, apegándose al presupuesto otorgado a las instituciones federales en el Paquete Económico 2019.
También solicitó que las adquisiciones, arrendamientos y servicios de adjudicarían de manera prioritaria con licitaciones públicas, aunque este lineamiento no ha sido cumplido.
Igualmente plantea que se reduzcan gastos en luz, viáticos, transporte, telefonía, alimentación, mobiliario, equipo de telecomunicaciones, papelería, cursos, pasajes, congresos, seminarios, combustibles, material de papelería, etcétera.
En cuanto a la estructura orgánica de las dependencias, se prohibieron las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento, y también se limitó la asignación de secretarios particulares únicamente a los titulares de dependencia o entidad. Mientras que a los trabajadores que pueden permanecer en sus puestos, se les prohibió que contrataran seguros de ahorro con recursos del Estado. A los altos mandos también se les quitó el seguro médico, de vida y de gastos mayores.
Aunado a estas medidas, en distintas dependencias se ordenó el recorte de personal de confianza. “toda aquella persona contratada a partir del primero de diciembre de 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberá ser separada de su cargo”, solicitó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en abril del 2019.
Sin embargo, los despidos comenzaron a inicio del gobierno. Para junio de este año, 21 mil 727 trabajadores del gobierno fueron removidos de su cargo. Alrededor de 20% de los despidos son del SAT, ISSSTE, Segob, SHCP y SCT. Esos recortes y reducción del presupuesto ha provocado opiniones negativas, renuncias y despidos en personal que formaba parte de la 4T. “Durante este gobierno se han tenido problemas en las áreas de salud, seguridad, cultura, deporte, entre otras, debido a recortes que no han tenido un sólido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto”, escribió Hernández Licona.
Agregó que al organismo se le redujo 8% del salario a los trabajadores de niveles bajos a los jefes de departamento 9,3%. Además, se le solicitó que se haga una reducción de 20% de las plazas estructurales, y se reservó un presupuesto del 49,2% del total autorizado para en Consejo. Clara Torres Armendariz, renuncio a su cargo en la actual administración por temas relacionados con la austeridad republicana. La funcionaria estaba a cargo del programa de Estancias Infantiles y decidió dejar su posición por acusaciones de corrupción y recorte presupuestal al programa. El gobierno federal retiró 46% del dinero que en periodos anteriores se le daba al programa de la extinta Secretaría del Desarrollo Social, para que madres o padres solteros pudieran dejar a sus hijos mientras ellos realizaban otras labores. En el Presupuesto de Egresos de 2019 se destinaron 2.041.621.313 pesos al programa, mientras que el año anterior fueron 3.788.509.242 pesos. Además, Andrés Manuel López Obrador dictaminó que el dinero que se le entregaba a las estancias ahora se daría directamente a los padres y madres de familia para “evitar moches.
