Análisis a Fondo
Francisco Gómez Maza
¿Regresamos a la época del diazordacismo-echeverrismo criminal, de la represión feroz como estilo priista de gobernar, cuando la protesta era delito grave que era castigado sin cárcel, sino a punta de balazos, muerte, dolor y llanto?
¿NO HUBO TRANSFORMACIÓN?
La policía municipal de Cancún salió, la tarde de este lunes 9 de noviembre, a las calles a reprimir con balas una manifestación de ciudadanos, que exigían justicia y respeto a la vida de las mujeres cancunenses, representadas por una víctima masacrada recientemente por la sevicia criminal anónima.
En el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra uno de los balnearios más suntuosos y lujosos del mundo –Cancún-, la policía municipal arremetió a balazos de grueso calibre contra los y las manifestantes, que protestaban por los feminicidios y las desapariciones, concretamente por el asesinato de una mujer joven; violentó además inmisericordemente a periodistas que cubrían los acontecimientos, dejando heridos a tres de ellos, e incluso violó los derechos humanos de observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que monitoreaban la protesta.
Debemos creer que este ataque inmisericorde contra la población no es el aviso del retorno de los brujos de la represión a este país, que en lo pasado masacraron manifestaciones populares, estudiantiles, de médicos, de ferrocarrileros, entre otros sectores, que sufrieron en carne viva la acción asesina de policías y soldados. Cómo olvidar, tan sólo, la masacre de Tlatelolco en 1968, para “proteger” la realización de los Juegos Olímpicos, o la represión de Los Halcones, el Jueves de Corpus de 1971.
Tales recuerdos, guardados en la caja fuerte de la memoria, resurgieron el lunes, al ver las imágenes de la policía atacando con furia y con armamento de grueso calibre a la manifestación integrada principalmente por jóvenes.
Y todo el aparato represivo municipal para apagar el reclamo de los manifestantes por el brutal asesinato de la jovencita Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, cuyo cuerpo descuartizado, fue hallado envuelto en una bolsa de plástico.
Los manifestantes se dirigieron a las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez y como nadie los atendió comenzaron a causar destrozos que derivaron en la balacera.
Increíble. En pleno siglo XXI, quienes vivimos la represión sangrienta del 68 y del 71, por mencionar los hechos más emblemáticos de la sevicia de la dictadura de partido único, quedamos hechos trizas al saber de la represión ejercida por la policía cancunense.
La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, tienen que responder ante el pueblo quintanarroense y México, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la Justicia, para aclarar su participación en la represión, ejercida por la policía contra el pueblo cancunense. No basta el deslinde que ya presentaron entre el lunes y este martes. No basta. Tienen que probar que la policía actuó al margen de la institucionalidad y que no le dieron luz verde para reprimir a la gente.
Además, castigar a los responsables del ataque contra los manifestantes. Esta represión es un acto que no puede quedar impune. No bastaría con despedir a quienes participaron en la represión. Tienen que ser presentados ante el Ministerio Público para que éste logre que el juez decida un castigo ejemplar. No es suficiente separar del cargo al jefe del cuerpo policiaco.
Estos hechos criminales no pueden dejarse pasar.
Los ciudadanos bien nacidos no pueden permitir una vuelta al pasado de los halcones represores, asesinos; un retorno al país de las balas y los toletes, al país de las cárceles repletas de jóvenes calificados de subversivos, porque se manifestaban a favor de causas justas.
El reclamo a las autoridades de Quintana Roo tiene que ser de todos los ciudadanos conscientes, que rechazan sinceramente a los gobernantes intolerantes, represivos y que no se tientan el alma para mandar o permitir que las fuerzas que deberían ser de seguridad sean para reprimir a la población o que, en vez de combatir a los criminales, persigan y maltraten a inocentes. Este estilo de gobernar tiene que haber quedado ya en el basurero de la historia.
A DESFONDO: La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel, cometido en el municipio de Salamanca, Guanajuato, el 9 de noviembre, mientras realizaba una cobertura informativa.
Vázquez Rangel tenía 31 años y se desempeñaba como reportero del periódico digital El Salmantino. De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, fue atacado con arma de fuego, alrededor de las 7:00 de la mañana en la colonia Villa Salamanca 400, mientras. El reportero resultó herido y fue trasladado a un hospital, en donde posteriormente falleció.
