Análisis a Fondo
Francisco Gómez Maza
Cree el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, medio hermano de Pedro Joaquín, secretario de Energía de Peña que, sólo con una disculpa pública a la ciudadanía, quedan zanjados los actos de represión contra manifestantes, particularmente mujeres, perpetrados por fuerzas de la policía municipal en Benito Juárez, Cancún, el lunes pasado.
No. No es así la cosa.
Es insuficiente la renuncia o cese de funcionarios de segundo nivel del Gobierno de Quintana Roo, implicados en la represión con balas de grueso calibre para dispersar la manifestación feminista, que denunciaba la impunidad de que gozan los asesinos de mujeres, llamados feminicidas.
Joaquín González declaró este miércoles que aceptó la solicitud de separación del cargo del secretario de Seguridad Publica del Estado, Alberto Capella, y recordó que la alcaldesa de Benito Juárez Cancún, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como “Mara Lezama”, también separó de sus funciones, como director de la policía municipal, a Eduardo Santamaría.
“Ofrezco una disculpa pública a los quintanarroenses por la incompetencia de los policías que no acataron mis instrucciones”, dijo el mandatario estatal en una conferencia a distancia. “Como lo anuncié ayer (martes) hubo consecuencias para los responsables de los hechos en Cancún”.
No. No es suficiente.
Es importantísimo que haya una corrección del tamaño de la violencia policiaca. La represión ya no es política pública en México. Lo fue en lo pasado. Pero ahora ya no. No es un asunto menor en tiempos en los cuales la represión violenta a movimientos populares, expresados en manifestaciones callejeras, se ha descartado, inclusive a costa de los cuestionamientos de críticos a los que nada les gusta, para quienes no hay grupera que les venga.
Tienen que renunciar la presidenta municipal y el gobernador. Ellos son los responsables directos, aunque digan que los policías no acataron las instrucciones. Los dos funcionarios cesados no se mandaban solos. Respondían a la autoridad del gobernador y de la presidenta municipal.
Dura la exigencia planteada en este espacio analítico.
Ya no estamos en México para solapar antipolíticas gubernamentales, como la mano dura, como la represión policiaca en contra de la gente, que protesta por algo que lesiona gravemente el corazón de importantes sectores de la sociedad, de los pueblos y comunidades de la nación: el feminicidio es un cáncer que tiene que ser extirpado del cuerpo de la patria.
Las manifestantes y los manifestantes sólo pedían justicia por una mujer asesinada, una de muchas, cuya desaparición quema, arde, duele hasta en las fibras más íntimas del organismo espiritual del ser humano consciente.
A DESFONDO
La propia Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México ha condenado el “uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego”, por la policía municipal de Cancún en la manifestación que exigía justicia para víctimas de feminicidio. Según informes de prensa, los disparos de la policía dejaron tres personas heridas, entre ellos dos reporteros. El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas. Este lunes, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó el hallazgo en Cancún del cadáver de la joven de 20 años Alexis, cuyo nombre real era Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, sobre quien había una alerta de desaparición desde el pasado 7 de noviembre. La ONU pide también que se investiguen las agresiones contra periodistas y contra personal de la Comisión de derechos humanos del Estado de Quintana Roo que monitoreaba la actuación de las autoridades.
