Las intenciones de la Fiscalía de acusar al expresidente de varios delitos graves y las nuevas revelaciones de Emilio Lozoya golpean cada vez más de cerca al político mexiquense
PORTAVOZ / AGENCIAS
Poco a poco, como en las series de espías cuando se acerca el final, la fotografía de quienes entre 2012 y 2018 acompañaron a Enrique Peña Nieto está clavada en el despacho del comisario con un círculo rojo. Hasta este último capítulo, solo el expresidente, el hombre en el centro de la foto, se había librado de las acusaciones. Hasta ahora.
Esta semana se conocieron las intenciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de acusar al expresidente de varios delitos graves. Fue el epílogo a tres días en los que se ha aireado el documento de cien páginas que lo señalan a él, a su mano derecha, a su antiguo amigo y al principal partido de la oposición. El miércoles se filtró la declaración de Rafael Caraveo, el hombre encargado de entregar a la oposición la maletas llenas de fajos de billetes. El jueves se conocieron los tres delitos- cohecho, traición a la patria y fraude electoral- que la Fiscalía prepara contra Peña Nieto y un día después, el viernes, se aprobó la extradición desde España de Alonso Ancira, el empresario implicado en la turbia compra pública de una empresa en ruinas.
Su declaración es la última bala en la recamara de la Fiscalía contra el expresidente y su entorno. Hasta llegar aquí, la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero ha tardado tres meses. El tiempo que ha transcurrido desde que en el mes de agosto Emilio Lozoya, expresidente de la petrolera pública Pemex y uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto llegara extraditado desde Málaga, la localidad española en la que permanecía escondido y empezara a hablar. La justicia mexicana seguía el rastro de Odebrecht y le bastó apretar a Lozoya y llegar a un acuerdo con él para poder concluir que el periodo de Peña Nieto fue un gran acto de corrupción desde antes incluso de su llegada al poder.
La Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) habían seguido la estela de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en México. Incorporada la confesión de Lozoya, según las autoridades, Peña Nieto encabeza una trama de corrupción que recibió y repartió dinero a manos llenas para asegurarse la aprobación de la reforma energética, que abría el sector a empresas privadas.
Esta semana se filtró el documento que señala a Peña Nieto de jugar un papel central en todo ello y lo acusa de cohecho, traición a la patria y delito electoral, de acuerdo con lo publicado por el diario Reforma. Tras la confesión de Lozoya, la Fiscalía concluyó que Peña Nieto “contaba con su propio aparato criminal de poder organizado, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores (…) que incluía la capacidad de dar órdenes específicas que estaban obligados a cumplir”. Según la Fiscalía, el expresidente, que personificó en 2012 la llegada al poder de un nuevo PRI, utilizó como “instrumentos” para hacer los pagos a Lozoya y al secretario de Hacienda y después canciller, Luis Videgaray.
Un día después llegó un nuevo golpe que comienza en la lujosa casa que se compró Lozoya en Lomas de Bezares en noviembre de 2012. Un mes después, ya como director de Pemex, el jóven tecnócrata formado en las mejores universidades extranjeras propuso al consejo de administración de la paraestatal petrolera comprar una planta ruinosa de fertilizantes propiedad de Alonso Ancira. La fábrica llevaba inactiva 14 años y fue comprada por 275 millones de dólares cuando su valor estaba tasado en 58.
El viernes se supo que Ancira llegará en los próximos días extraditado desde España tras ser acusado de cohecho, lavado de dinero y malversación de recursos públicos. La Fiscalía General investiga cuatro transferencias por 3,4 millones de dólares hechas entre junio y noviembre de 2012 desde la empresa de Ancira a Tochos Holding, una sociedad en un paraíso offshore donde el exdirectivo petrolero recibió sobornos para comprar una casa a cambio de favores. El empresario se resistía a declarar ante la justicia mexicana argumentando que las acusaciones en su contra eran fabricaciones motivadas por venganzas políticas. Una frase similar fue la que utilizó Lozoya poco antes de empezar a confesar todo.
Pero la importancia de su declaración, los documentos y los videos aportados, convenientemente aireados desde la oficina de López Obrador, no es solo que desacredita un sexenio completo al acusar a Peña Nieto de estar al frente de un “aparato de poder organizado”, sino que está muy cerca de decapitar también al principal partido de la oposición, Acción Nacional (PAN).
La prensa publicó el miércoles la confesión de Rafael Caraveo. Siguiendo con el símil cinematográfico, Caraveo, que trabajaba como secretario técnico del Senado, era el secundario de lujo, el hombre discreto y servicial encargado de ir a buscar para su jefe el dinero pensando que eran documentos. Según el testimonio aparecido en Reforma, al menos en siete ocasiones fue a recoger 15 maletas repletas de dinero para Jorge Luis Lavalle, entonces uno de los líderes del PAN en el Senado. Con ese dinero, Peña Nieto y Odebrecht se aseguraban que nada pusiera en riesgo la apertura de Pemex. “Enseguida me mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle, sino que en su interior había fajos de dinero… eran billetes de 500 pesos”, confesó. Ese dinero, según Lozoya, también fue a parar al excandidato presidencial Ricardo Anaya, que ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones.
Mientras avanzan los capítulos y se acerca el final de la serie, Peña Nieto guarda silencio en Madrid, a donde se fue a vivir desde que dejó el poder hace dos años. El pacto de no agresión que, se dijo, había acordado con López Obrador ha encontrado en la justicia su principal obstáculo que promete arrojar nuevos capítulos en las próximas semanas.
El pacto de no agresión que, se dijo, había acordado con López Obrador ha encontrado en la justicia su principal obstáculo que promete arrojar nuevos capítulos en las próximas semanas
