Fueron agredidos con armas de alto calibre y María Isabel Hernández Rea, de 52 años, resultó herida en la pierna derecha
PORTAVOZ STAFF
En la comunidad de Tabak, Aldama, una brigada ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de Las Casas y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México, (Fisanim) que entregaba alimentos a familias desplazadas forzadas, fue atacada por un grupo civil armado, procedente de Santa Martha, Chenalhó.
Fueron agredidos con armas de alto calibre y María Isabel Hernández Rea, de 52 años y perteneciente de la congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario, resultó herida en la pierna derecha, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
“Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarlos tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria, porque los balazos son diarios en esta comunidad y en todos los de Aldama. Debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya”, comentó otras de las mujeres atacadas.
Por lo tanto, el Frayba denunció que el gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos para cesar las agresiones armadas a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, “las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud”.
Debido a ella, esta organización condenó los hechos y responsabilizó “al Estado mexicano por no garantizar la seguridad e integridad de las y los agentes de pastoral, de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas que ingresan, documentan, visibilizan la violencia y acompañan a las comunidades en desplazamiento forzado”, se lee en el comunicado.
Por último, exigieron al Estado “desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas, y que ponen en riesgo la vida de quienes proporcionan ayuda humanitaria a la población”.
El Frayba condenó los hechos y responsabilizó “al Estado mexicano por no garantizar la seguridad e integridad de las y los agentes de pastoral”
