La iniciativa del Ejecutivo busca regular la subcontratación laboral, la cual ha sido aprovechada como mecanismo de simulación para la contratación en perjuicio de los derechos de los trabajadores
PORTAVOZ / AGENCIAS
Las empresas que subcontratan ilegalmente evaden cerca de 21 mil millones anuales tanto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mediante deducciones falsas, retener y no enterar, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante el acreditamiento indebido, señaló el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Por ello, hizo un llamado tanto a legisladores como a grupos parlamentarios, así como a los empresarios, para trabajar juntos en la aprobación de la iniciativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque significaría “un gran avance” en materia fiscal y laboral.
“Permitirá un mayor control a las empresas dedicadas a la facturación falsa y a la evasión fiscal evitando las deducciones falsas, la no retención y el no enterar; además de hacer cumplir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e INFONAVIT, lo que beneficiará a alrededor de 71 millones de personas que no cuentan con seguridad social”, destacó.
De acuerdo con el legislador, la iniciativa del Ejecutivo busca regular la subcontratación laboral, la cual ha sido aprovechada como mecanismo de simulación para la contratación en perjuicio de los derechos de los trabajadores, porque su uso repercute directamente en la eliminación de diversas prestaciones, así como la evasión del pago de cuotas de seguridad social y del pago de impuestos.
Refirió que, de acuerdo con el Censo Económico 2019 del INEGI, en los últimos años se ha incrementado la práctica del outsourcing pasando de tres millones 578 mil 247 personas contratadas bajo esta práctica en 2014 a cuatro millones 685 mil 356 en 2019, lo que implica una tasa de crecimiento media anual de 5.5 por ciento.
Argumentó que se calcula que en México existen alrededor de mil 200 empresas con subcontratación ilegal cuyos trabajadores no cuentan con derechos laborales ni con la declaración del monto real de sus salarios.
“A esto se suma que menos de la mitad se encuentran registradas debidamente y de las que cuentan con registro, sólo una pequeña parte paga impuestos, por lo que la subcontratación laboral se ha convertido en un problema público que representa pérdidas al erario y a los derechos de los trabajadores”, dijo.
Por otra parte, señaló que datos del Censo Económico 2019 arrojan que muchas empresas de subcontratación incumplen con sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, pues la subcontratación laboral tiene como finalidad reducir costos mediante la evasión fiscal al simular actos que tienen efectos fiscales y al ocultar o disimular relaciones laborales.
Consideró que la evasión fiscal perjudica de diversas maneras al país, porque reduce la capacidad del gobierno para la prestación de servicios públicos, servicios de salud, de pensiones y vivienda.
“La subcontratación genera que las y los trabajadores tengan menor capacidad de crédito, en algunos casos se ven obligados a postergar dicha decisión; o una vez otorgado el crédito la capacidad de pago de pago de la persona trabajadora es limitada. También influye en los servicios médicos a las que las personas trabajadoras tienen derecho.
“Esto merma los derechos de los trabajadores y ha contribuido a la precarización del trabajo en nuestro país. Adicionalmente, la falta de pago de las citadas cuotas impacta de manera negativa las arcas del erario, del IMSS e INFONAVIT”, destacó.
Se calcula que en México existen alrededor de mil 200 empresas con subcontratación ilegal cuyos trabajadores no cuentan con derechos laborales ni con la declaración del monto real de sus salarios
