Sandra de los Santos
En esta semana, el 18 de noviembre para ser exacta, se cumplieron cuatro años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). La declaratoria fue para siete municipios: Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Chiapa de Corzo, Villaflores, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá.
Así también se ordenó que se implementen acciones específicas que atiendan la violencia de género en contra de las mujeres indígenas que viven en la región Altos del estado. Si en el caso de los municipios, que fue una declaratoria como tal, los gobiernos municipales han sido omisos en el caso de la región indígena de los Altos la situación es peor.
La declaratoria obliga al Estado y los municipios a implementar acciones urgentes para evitar y erradicar la violencia feminicida.
Esta medida se implementa cuando en un territorio determinado existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes en la sociedad. Sin embargo, en Chiapas la declaratoria se otorgó, sobre todo, por las condiciones de pobreza, marginación y exclusión que viven las mujeres en Chiapas las cuales las ponen en situación de vulnerabilidad.
Al declarar la alerta, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la entidad federativa y los municipios de los que se trate, implementan medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra.
Después de cuatro años de la declaratoria no se ha transparentado el uso de los recursos públicos ni de parte del estado ni de los municipios. Las acciones que se han dado son aisladas, algunas de ellas no tienen perspectiva de género (lo cual resulta un constrasentido), y no tienen indicadores medibles que permitan entender si se va avanzando o no en la eliminación de la violencia contra las mujeres.
En la declaratoria, se le ordena al Estado, una serie de medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en la entidad, como: se resuelvan los casos de violencia contras las mujeres y feminicidios; determinar una medida de reparación simbólica para las mujeres por los feminicidios; acatar la norma 046, que habla sobre la violencia familiar, sexual contra las mujeres; fortalecer el centro de justicia para las mujeres y la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres (Sedem); generar campañas en contra de la violencia machista; capacitar a las y los servidores públicos y personal de salud; entre otras. Todas las medidas son complementarias, no excluyentes, lo que quiere decir que pueden hacer muchas más acciones de las que se mandatan.
Con la pandemia los municipios y el estado han dejado aún más en el olvido el tema a pesar que, precisamente, en este tiempo la tasa de delitos que tienen una carga de género como la violencia familiar, violación sexual y trata de personas ha incrementado en las localidades que tienen AVG.
Es necesario que el gobierno estatal y los municipales vean en la Alerta una estrategia para disminuir la violencia en contra de las mujeres y no sigan ignorándola.
