Análisis a Fondo
Francisco Gómez Maza
Interrogantes, dudas, perplejidad, muchas preguntas, ninguna certeza, quedan al ver al general Salvador Cienfuegos librado del proceso penal en Nueva York, en donde, se supone, hay pruebas contundentes de su presunta complicidad con cárteles del narcotráfico, y libre como un pajarillo en México, situación que crea desconfianza.
Indudablemente que hay información oculta en los archivos personales del Presidente, en los de Ebrard Cassaubon. En los de Barr, el fiscal estadounidense, en los de Donald Trump. No puede ser de otra manera. Todo huele a conspiración, como dicen los estadounidenses.
Y las inquietudes se agudizan al contrastar la información otorgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Cassaubon, en el sentido de que el acuerdo con la Casa Blanca implica que el militar será (¿o sería?) investigado y juzgado por autoridades ministeriales y jueces mexicanos en México. Pero nadie informa de nada.
Sin embargo, el personaje está libre y puede moverse a su antojo, en una situación muy confusa, ya que en México no hay, no se ha dicho que ya haya, una investigación que lo incrimine en delito alguno y el Ministerio Público sólo dispone de la carpeta de investigación de su homólogo neoyorquino.
O sea que el ex secretario de la Defensa está libre de culpas; nadie lo acusa de nada, no se sabe si realmente la Fiscalía General de la República lo está investigando, o está recabando pruebas en base a las investigaciones y pruebas de las autoridades estadounidenses. Nadie abre la boca para informar, para explicar. Y ya tendrían que haberlo hecho.
El fiscal Alejandro Gertz Manero está obligado a dar parte a la opinión pública del proceso Cienfuegos. Muchos somos los que dudamos de que la información que se ha dado en torno al tema esté completa. No aclara el fondo de los hechos.
Por qué Estados Unidos respondió tan fácilmente a la queja del gobierno mexicano, en el sentido de que ni siquiera le informó de que el general estaba siendo investigado por la DEA y menos de que sería aprehendido por delitos relacionados con el narcotráfico. Qué se dio o que no, a cambio.
Por qué la autoridad judicial estadounidense retiró los cargos contra Cienfuegos, en una acción contradictoria, inexplicable, para devolverlo a México a fin de que fuera juzgado en México por las autoridades judiciales mexicanas.
¿Fue para salvar los acuerdos en materia de aplicación de la justicia y la persecución de la delincuencia organizada que han mantenido los gobiernos de México y Estados Unidos? Lo sabrán López Obrador, Ebrard Cassaubon, Gertz Manero, Zaldívar. Pero en los ciudadanos lopezobradoristas, morenistas, panistas, priistas, perredistas, frenéticos, orgánicos se alimenta la desconfianza.
A DESFONDO
Las teorías conspiratorias que han permeado las redes sociales durante la pandemia van más allá de la idea de que las señales 5G sean las que transmitan el virus, o que el COVID-19 sea un engaño o que un billonario quiera implantarnos microchips, revela un estudio elaborado por expertos de las Naciones Unidas. De acuerdo con el documento, grupos terroristas, extremistas, supremacistas blancos, y hasta carteles mexicanos, están utilizando las redes sociales para difundir su narrativa, aumentar la polarización mundial y la desconfianza en los Gobiernos, y así reclutar más adeptos para infundir más terror y odio, y ganar territorio para sus actividades ilegales. Una oportunidad para los carteles en México: Un tercer objetivo estratégico, según el estudio, es promover una imagen positiva de organizaciones durante la pandemia, como un reemplazo viable de las instituciones de salud y como un actor político responsable. En algunos casos, los actores no estatales se han aprovechado de la frágil situación socioeconómica debido a la crisis, que ha llevado a un aumento de los precios y una reducción de la disponibilidad de alimentos. Algunos grupos criminales han intentado desempeñar el papel de las instituciones gubernamentales y oficiales, dentro de los territorios donde tienen una fuerte presencia, adoptando estrictas medidas de salud, como encierros, o apoyando directamente a la población con desinfectantes y alimentos. Sin embargo, el objetivo principal de estos grupos no es proteger a la población local, sino proteger sus intereses criminales, ya que les preocupa que una gran crisis de salud pueda provocar la llegada y la participación de las fuerzas del orden o del ejército en las áreas bajo el control del crimen organizado y, como resultado, poner en peligro sus actividades ilegales. Estos “servicios” han sido ampliamente promocionados a través de las redes sociales. El objetivo de estos grupos no es proteger a la población local, sino proteger sus intereses criminales. Por ejemplo, en México, los grupos delictivos han etiquetado las cajas de ayuda que han distribuido con el nombre o logo de la organización y, posteriormente, promovido sus acciones en las redes sociales y en las noticias. Este es el caso del Cartel del Golfo que distribuyó paquetes de ayuda con alimentos y desinfectantes en Tamaulipas, colocando en cada caja una calcomanía que indica el nombre del cartel y de su líder. Una de las hijas de Joaquín Guzmán Loera (El Chapo), líder histórica del Cartel de Sinaloa, también distribuyó víveres con la imagen de su padre a los ciudadanos de Guadalajara, Jalisco, revela el documento de la ONU
