Sandra de los Santos
Un día antes de que la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Fabiano llegara a Tuxtla Gutiérrez para asistir a una reunión con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas para ver los avances de la Alerta de Violencia de Género (AVG) declarada para 7 municipios de la entidad, en Chiapas sucedieron dos feminicidios.
En Tuxtla Gutiérrez una mujer fue encontrada dentro de su domicilio asesinada. Los vecinos reportaron que horas antes pedía ayuda porque estaba siendo golpeada y violada. Los policías cuando llegaron lo que encontraron fue su cuerpo sin vida.
La noche del domingo 29 de noviembre fue asesinada a puñaladas la joven Lili Moreno en el municipio de Benemerito de las Américas.
De estos dos feminicidios no se habló en la reunión. Tampoco de la demanda de la madre de Yuri Liset Méndez Trejo, quien fue víctima de feminicidio hace cuatro años y que el proceso en contra del culpable está detenido porque el Poder Judicial del Estado ha detenido los plazos procesales por la pandemia del COVID-19, es la única entidad que sigue con esta medida.
Durante el encuentro jamás se nombró que unos días antes fue quitada de la plaza central de la ciudad el memorial que instalaron activistas y madres de víctimas de feminicidios y que una hora después de haberse puesto fue quitado por personal de Palacio de Gobierno.
María Fabiola Alanis Sámano tampoco escuchó que en el 2019 ninguno de los municipios con Alerta de Violencia de Género destinó más de un millón de pesos para este tema y que muchos de ellos usaron el recurso de manera cuestionable y sin perspectiva de género.
Lo que dicen los comunicados oficiales que se le informó a la funcionaria federal es que “a cuatro años de la implementación del mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, se expuso el avance de las acciones y medidas de prevención, así como de acceso a la justicia para corregir las relaciones asimétricas de poder y desigualdades estructurales que afectan a este sector, mediante campañas de comunicación, instalación de botones de pánico en unidades de transporte y la recuperación de espacios públicos en zonas de riesgo y alto índice de violencia”. También se habló del fortalecimiento de los Centros de Justicia de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
La realidad que se llevó la funcionaria del Conavim sobre la implementación de la AVG en Chiapas es muy distinta a la que viven y padecen a diario las mujeres que buscan justicia, que son hostigadas y agredidas en los espacios públicos, y lo peor de las que fueron asesinadas mientras pedían ayuda, pero nadie quiso escucharlas.
