Este 10 de diciembre es el día de los derechos humanos, pero en Chiapas hay 6 mil 500 personas desplazadas, quienes no tienen acceso a todas sus garantías individuales
Lucero Natarén / Marco Aquino /Ana Liz Leyte /Sandra de los Santos / Aquínoticias
Chenalhó se encuentra en la región Altos de Chiapas. No es el lugar más visitado por el turismo nacional e internacional. En cambio, sí, es un sitio que de manera recurrente está en las noticias. Ahí se dio la matanza de Acteal en 1997, donde fueron asesinadas 45 personas, entre ellas, mujeres embarazadas y niños. No pudieron correr, se quedaron atrás y fueron las principales víctimas.
El mayor número actual de personas que han tenido que salir de manera obligada de su comunidad provienen de esta región, Chenalhó y su vecino Aldama.
En el caso de las familias desplazadas del Ejido Puebla municipio de Chenalhó quedaron en medio del fuego cruzado que se generó después del proceso electoral de 2015, donde resultó electa Rosa Pérez. El conflicto poselectoral dejó a 249 personas en situación de desplazamiento forzado.
Chiapas junto con Guerrero son las entidades federativas con mayor número de personas desplazadas.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes de Chenalhó no asisten a la escuela desde que salieron del ejido Puebla. Las familias viven de manera hacinada en un campamento temporal en San Cristóbal de Las Casas. Esta situación pone en condiciones de mayor vulnerabilidad a las niñas y adolescentes de sufrir acoso o violaciones sexuales.
Las personas que han salido de su comunidad tampoco tienen acceso a una vivienda digna, a los servicios más básicos como agua potable o derecho a la salud.
Si bien, los casos de desplazamientos en esta región (Chenalhó y Aldama) son distintos y generados por problemáticas que a primera vista parecieran diferentes las consecuencias que sufren las familias de ambos lugares son las mismas: la violación sistemática a sus derechos humanos.
EL PUEBLO QUE ANTES SE UNÍA A REZARLE A LA MISMA VIRGEN, AHORA, ESTÁ SEPARADO POR UN GRUPO PARAMILITAR
El desplazamiento forzado en la entidad chiapaneca y las agresiones con armas de fuego prevalecen y aunque las autoridades estatales han informado sobre acuerdos, estos no se han cumplido, y es que las víctimas de desplazamiento o personas agredidas aseguran que hasta que no se acepte que hay grupos armados de corte paramilitar en el estado, el problema no podrá resolverse.
Uno de estos problemas es el que prevalece entre pobladores de Aldama y Chenalhó, conflictos que comenzaron a encrudecerse en el año 2018 y desde esa fecha se ha roto una de las tradiciones más simbólicas que unían a ambos municipios.
Las vírgenes de Santa Martha, Chenalhó y Santa Magdalena de Aldama, mantenían unidos a ambos municipios, los pobladores de estas localidades se reunían para festejarlas cada año y ambos veneraban a cada virgen como si fuera la propia, sin embargo, desde 2018, esto ya no se ha realizado.
Desde esa fecha un sinfín de conflictos se han presentado, dejando a más de una decena de heridos, incluso el pasado 18 de noviembre, se notificó que una caravana que llevaba ayuda humanitaria a pobladores de Aldama, fue atacada por el grupo armado proveniente de Chenalhó.
El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de Las Casas, recientemente informó que integrantes de un grupo armado de corte paramilitar de la comunidad de Santa Martha, hirieron de bala a la religiosa María Isabel Hernández, de 52 años de edad.
La religiosa, perteneciente a la parroquia de San Andrés Larráinzar, vecina de Aldama, fue lesionada en la pierna derecha cuando se encontraba en la comunidad de Tabak, a donde llegó con otras personas para entregar ayuda humanitaria a indígenas desplazados a causa de las agresiones de Santa Martha.
Posteriormente a esto, el 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, sin embargo, a la fecha, los ataques de armas de fuego continúan contra la población de Aldama.
El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó agresiones, las cuales se intensificaron ese fin de semana.
A finales del mes de noviembre, se registraron ataques dirigidos a la comunidad de Tabak, Aldama.
Aproximadamente a las 13:20 horas del 29 de noviembre, fue herido en ambas piernas, el señor Andrés Jiménez Pérez de 39 años de edad, según los datos con los que cuenta el Frayba, el ataque se dio en el camino de Tabak a San Pedro Cotsilnam, mientras regresaba de su trabajo, junto a él iba su hijo de nueve años de edad. Don Andrés es integrante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros.
Por ello, una vez más, el Frayba exige a las autoridades de los gobiernos federal y estatal, alto total a las agresiones armadas de manera definitiva y efectiva, así como la urgencia de que se tomen medidas de protección amplias para las comunidades de Aldama, quienes se encuentran en alto riesgo a la vida.
Es decir, los problemas incrementan cada vez más, los pobladores han tenido que dejar a un lado sus tradiciones, reemplazar sus quehaceres ancestrales como el cultivo y cosecha ya que en todos los conflictos que se han presentado en Chiapas por ataques y enfrentamientos armados, las familias tienen que dejar sus viviendas, modificando su cultura, sus creencias y el papel que cada uno desempeña.
A la fecha, se tiene el registro de 28 personas heridas y seis muertas por armas de fuego durante ataques a comunidades de Aldama en dos años y medio.
UN TESTIGO DE LA DESTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
El activista y presidente del Centro de Derechos Humanos Ku’untik (CDH), Diego Cadenas Gordillo, expuso que el desplazamiento forzado en la entidad es un fenómeno que ha afectado principalmente la vida de personas originarias, situación que impera desde décadas atrás. De 2009 a enero de 2017, en México 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos, de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“A la fecha no se sabe cuántas personas han retornado o cuantas se han dispersado o ido en situaciones de desplazamiento”. En el año 2016 hubo 900 personas desplazadas del interior de Chenalhó (CDH Ku’untik), en 2017 se registró un desplazamiento de más de 5 mil habitantes de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó (CMDPDH), mientras que en 2019 se documentó aproximadamente 6 mil 500 personas en situación de desplazamiento forzado (CDH Ku’untik).
Chiapas comparte la gravedad de esta problemática social con Guerrero, ambos son los estados que más registran este tipo de situaciones, motivo por el cual son los únicos que cuentan con un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, “pero, pese a ello y a la existencia de la Ley Integral para la Atención del Desplazamiento Interno, no se ha prevenido, ni se ha evitado, menos atendido adecuadamente a las personas en situación de desplazamiento en ambas entidades. En Chiapas, el consejo está constituido jurídicamente y eventualmente sesiona, pero no como debería ser”.
“En el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno escuché de la Secretaría de Protección Civil, que estaban beneficiando con ayuda alimentaria a más de 3 mil personas, podemos deducir que ese es su padrón registrado, pero no está dicho de manera explícita ni jurídicamente”.
El también abogado reveló que este consejo no actúa de propia iniciativa, sino que tuvo que ser impulsado por la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas. “Fue así que hubo sesiones y participamos en las primeras, tiene meses que desconozco si esta sesionando el consejo, pues la justificación ha sido la pandemia de COVID-19. Estamos esperando una sesión, ya que tenemos varias demandas de los desplazados que no han sido atendidas por la Secretaría General de Gobierno”.
Agregó que, pese a que Protección Civil y el DIF estatal se han dedicado a brindar ayuda humanitaria y alimentos, y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, se han encargado de lo que les compete, “ninguno ha cumplido a cabalidad con los desplazados”.
En cuanto a las cifras de muertes ocurridas durante el desplazamiento explicó que en el ejido Puebla, Chenalhó, fallecieron una bebé de dos meses, una niña de 11 años y una mujer de 50 años de edad, incluso han nacido 14 bebés en el desplazamiento. En Cintalapa ha muerto uno y en el ejido Tenango tres (dos bebés recién nacidos y una mujer víctima de feminicidio). Las personas afectadas son tzeltales, tzotziles, es decir, de la zona Altos y Selva.
Los municipios en situación de desplazamiento que tiene conocimiento la CDH Ku’untik son: Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Zinacantán, Ocosingo, Las Margaritas, Venustiano Carranza y de San Cristóbal de Las Casas, y en algún momento El Bosque.
Declaró que la verdadera razón del desplazamiento “es el control del poder local, pese a que pudiera pensarse que únicamente es la intolerancia religiosa, es decir, que las personas son desplazadas por tener una creencia distinta a la predomina en la comunidad”. Teniendo una imagen más detenida, refirió Cadenas, se observa que incluso votar por un partido contrario al de la comunidad, puede dar pie a la expulsión de esta.
“(Los líderes locales) buscan tener el control de la comunidad y de los recursos. La gran mayoría de los desplazamientos se derivan en el proceso electoral tanto federal como local”. Otro factor que indica el activista tiene que ver con la cosecha del café.
Si bien el desplazamiento forzado ha dejado cicatrices psicológicas, económicas y hasta ha destruido vidas, también ha provocado en algunos casos la perdida de la identidad cultural, “se convierten en urbanos, buscan un trabajo diferente al que hacían en el campo. Ahora la hacen de meseros u obreros en la construcción y en lo que puedan”.
En Chiapas, dijo, que para que se erradique y atienda el desplazamiento forzado hay por lo menos cinco obligaciones fundamentales que tiene que cumplir el Estado Mexicano al haber suscrito ante la ONU un documento denominado “Principios Rectores para la Atención del Desplazamiento Forzado Interno, en esas obligaciones esta en primer momento la prevención del desplazamiento forzado interno”.
“Si no se logró prevenir, su siguiente obligación es garantizarles a las personas en desplazamiento todos sus derechos humanos de manera extraordinaria, garantizándoles la salud, alimentos y vivienda digna, empleo, educación, entre otros. Asimismo, le es obligatorio al Estado tener un padrón de todas las personas en desplazamiento forzado, aspecto que ni el gobierno federal ni estatal tienen, pues no hay cifras exactas de cuantas personas siguen en desplazamiento y cuantas más ya han podido retornar a sus hogares”.
Otro de los aspectos que el Estado debe garantizar es el acceso a la justicia, así como una reparación integral del daño y procesar penalmente a las personas que perpetraron la agresión o el desplazamiento. “Hay homicidios (como el caso del ejido Puebla) que la justicia se les ha negado, al igual que a las y los desplazados de Shulvó, Zinacantán, del ejido Tenango Ocosingo, así como los de Cintalapa Ocosingo, a quienes acompañamos como CDH Ku’untik”.
El acceso a la justica hace posible el cumplimiento de una de las obligaciones del gobierno, que incluye generar condiciones para el retorno seguro y digno y a la reparación integral de los daños. Por último, el Estado está obligado a crear políticas públicas que garanticen la no repetición del desplazamiento forzado interno, “eso tampoco lo ha hecho el estado mexicano”.
El director de CDH Ku’untik concluyó en entrevista que es importante remarcar que “el estado mexicano está incumpliendo con las obligaciones internacionales que asumió en el tema del desplazamiento forzado interno y que, si bien podemos considerar un avance respecto al reconocimiento que existen personas en situación de desplazamiento que requieren atención y solución, va muy lento. La gente sigue siendo desplazada y pasando hambre. Hay una emergencia en cuanto a los desaparecidos y por los desplazados”.
