El Consejo de Ministros examina el proyecto para “reafirmar los principios republicanos” tras un otoño de atentados y críticas a la laicidad en el país
PORTAVOZ / AGENCIAS
Francia combatirá el islamismo con una nueva legislación que protegerá a los empleados públicos ante las presiones radicales, garantizará que toda asociación respete la laicidad y limitará las posibilidades de educar a los menores de edad en casa. El “proyecto de ley que reafirma los principios republicanos” llegó este miércoles al Consejo de Ministros después de meses de discusión, marcados por varios atentados yihadistas y por las críticas internacionales al presidente, Emmanuel Macron, por su defensa del modelo laico francés.
La ley, que en enero de 2021 empezará a debatir el Parlamento, busca atajar lo que Macron llama el “separatismo islamista”, pero evita en su texto mencionar ninguna religión específica. Tampoco aborda las medidas contra las discriminaciones en los barrios donde prospera el islamismo. Ni entra en la organización de los imanes de Francia y su dependencia de países extranjeros. La presentación coincide con el 115º aniversario de la llamada Ley de la laicidad, que garantiza la libertad de culto y la neutralidad del Estado ante las diferentes religiones.
“Este proyecto de ley no es un texto contra las religiones ni contra la religión musulmana en particular. Es, al contrario, una ley de libertad, una ley de protección, una ley de emancipación ante el fundamentalismo religioso”, dijo el primer ministro, Jean Castex, en una comparecencia tras el Consejo de Ministros. Las campañas de boicot a Francia en países musulmanes, instigadas por dirigentes como el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y algunas tribunas en la prensa estadounidense y británica han inquietado en París. Al eliminar de la ley las referencias al separatismo o al islam, el Gobierno francés ha querido disipar la percepción, en ciertos ámbitos, de que el texto va contra los cerca de seis millones de musulmanes y que el liberal Macron ha dado un giro “iliberal” a su presidencia.
La ley —una de las últimas grandes iniciativas pendientes de Macron antes de las elecciones de 2022— contiene dos partes. Una tiene por objetivo “garantizar el libre ejercicio del culto”, y estrechará la vigilancia de la financiación y la ideología de asociaciones religiosas. La otra parte pretende “garantizar el respeto de los principios republicanos”. Obliga a los empleados de empresas subcontratadas por el sector público —como una compañía de transportes— a no manifestar su afiliación religiosa ante los usuarios, llevando el velo por ejemplo.
Toda asociación privada que aspire a una subvención, como un club deportivo, deberá firmar un documento que les comprometerá al respeto de los valores republicanos y la igualdad entre hombres y mujeres. La medida parte de la constatación de que asociaciones que en apariencia no son religiosas sirven para adoctrinar. La ley penalizará los llamados certificados de virginidad, que algunos médicos expanden a mujeres antes de contraer matrimonio. Asimismo, estrechará los controles para impedir los matrimonios forzosos y la poligamia. Los prefectos, que representan al Estado en todo el territorio, podrán intervenir en las decisiones locales si los alcaldes se muestran incapaces de asegurar la neutralidad de los servicios públicos y, por ejemplo, establecen horarios exclusivos para mujeres en las piscinas municipales.
Macron trazó en un discurso el pasado 2 de octubre las líneas maestras de lo que entonces debía llamarse Ley contra el separatismo. Se basaba en un diagnóstico que no es nuevo, pero que los atentados de 2015 (Charlie Hebdo y Bataclan) pusieron en el centro del debate: la existencia de bolsas de radicalización en barrios franceses, la creencia entre algunos musulmanes de que las normas religiosas prevalecen sobre las leyes de la República, y la presencia desde 2014 de unos mil 500 franceses en las filas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en Siria e Irak.
La decapitación, el pasado 16 de octubre, del profesor Samuel Paty a manos de un terrorista islamista por mostrar en clase caricaturas de Mahoma cuando pretendía enseñar libertad de expresión, reforzó los argumentos del presidente francés para perseguir el islamismo que, a veces sin ser específicamente violento, podía actuar como caldo de cultivo del yihadismo. Al mismo tiempo, la defensa por parte de Macron del derecho a blasfemar y el cierre de asociaciones islamistas tras el atentado desencadenaron las críticas por una supuesta estigmatización de los musulmanes en Francia.
Los acontecimientos de este otoño han marcado el texto legislativo. Por un lado, con un artículo que prevé penas de prisión para quien amenace, intimide o agreda a un miembro del servicio público. Es lo que le ocurrió a Paty, acosado por el padre de una alumna de su escuela disconforme con lo que enseñaba en clase. Otro artículo perseguirá la difusión de informaciones que permitan localizar a una persona y poner en riesgo su integridad física o psíquica. De nuevo, es lo que le sucedió a Paty, localizado por el terrorista que le asesinó por medio de las informaciones que el citado padre había difundido en las redes sociales.
La ley contiene dos partes. Una tiene por objetivo “garantizar el libre ejercicio del culto”, y estrechará la vigilancia de la financiación y la ideología de asociaciones religiosas
