La entidad suma un posible desfalco por mil 76 millones de pesos, la mayor parte fue destinada a pagos de docentes
PORTAVOZ STAFF
El gobierno chiapaneco es una de las dos administraciones que acumulan los más altos posibles daños patrimoniales a la Hacienda federal, según los datos del tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2019, presentado el fin de semana pasado.
La entidad suma un posible desfalco por mil 76 millones de pesos, la mayor parte fue destinada a pagos de docentes —más de 973 millones de pesos—. El reporte indica que la gestión actual hizo un probable mal uso de recursos federales provenientes de siete fondos diferentes.
Se trata de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, del Fondo Regional así como de los programas de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Escuelas de Tiempo Completo, con información de Milenio.
En las observaciones se detalla que el mayor monto de posible desfalco es uno por 524.3 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, cuyo uso no pudo ser demostrado con documentación comprobatoria y justificativa.
Además de ese pliego, también tiene otro con anomalías por 277 millones 592 mil 120 pesos, recursos del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, los cuales son considerados ya como un daño patrimonial, por haber sido mal utilizados.
La ASF explicó que este panorama se ocasionó por pagar con recursos de ese programa montos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado, por 4 millones 440 mil 841.01 pesos; por pagos de plazas no autorizados en el tabulador, por 76 millones 904 mil 852.02 pesos y por el pago de conceptos no identificados ni autorizados al personal por 196 millones 246 mil 427.86 pesos.
De igual forma, otros 77 millones 152 mil pesos, que eran del programa de Escuelas de Tiempo Completo, fueron considerados daño patrimonial porque el gobierno no pudo acreditar que esos recursos hayan sido otorgados a los directores de los centros de trabajo autorizados; y otros 42 millones de pesos más se emplearon de manera indebida en el pago de 11 mil 425 trabajadores por concepto de apoyos económicos, que excedieron el monto establecido en la normativa, según el medio referido.
En las observaciones se detalla que el mayor monto de posible desfalco es uno por 524.3 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
