Carlos Ramírez
La crisis en los acuerdos económicos de inversión extranjera que está provocando, sobre todo la ley eléctrica, son un reflejo de la reorganización estratégica del Tratado de Comercio Libre de 1993 y del Tratado México-EU-Canadá de diciembre de 2019.
El acuerdo de Salinas de Gortari liquidó el papel del Estado en el desarrollo y le dio la centralidad al mercado, sobre todo el dominado por la economía estadounidense. Lo grave del TCL fue el efecto negativo en el nacionalismo de resistencia ante el acoso de EU y en la política exterior dinámica de México.
El Memorándum Negroponte del embajador estadunidense en México John Dimitri Negroponte al Departamento de Estado de abril de 1991 –Proceso, mayo de 1991– afirmó sin dobleces que el Tratado subordinaría la economía mexicana y su mercado más de cien millones de personas a las necesidades de la economía de EU e “institucionalizaría la aceptación de una orientación estadunidense en las relaciones exteriores de México”.
El TCL y el T-MEC no tratan solo de comercio o de reglas de inversión, sino de dos puntos decisivos en la autonomía relativa de México en la globalización: el papel del Estado en función de necesidades de equidad social que el neoliberalismo de Salinas de Gortari liquidó y los intereses mexicanos en la geopolítica mundial. A lo mejor el gobierno mexicano sabe que Cuba ya no tiene destino histórico, pero de nueva cuenta la isla es un instrumento de negociación estratégica ante la Casa Blanca de regreso en su dominación imperial.
La propuesta de Salinas de Gortari se basó en dos puntos clave: la nueva hegemonía del mercado y el Estado autónomo de objetivos sociales y solo ajustado al funcionamiento del mercado y la apertura comercial sin ninguna iniciativa de modernización de la planta productiva para una competitividad real con el aparato industrial estadounidense al grado de relanzar la maquilización con productos menores.
El gobierno de Trump careció de una estrategia de seguridad nacional imperial con México, no le interesó el papel de México en la región latinoamericana y el caribe y solo exigió que México contuviera las olas de caravanas de migrantes. En seguridad, Trump no varió la estrategia intervencionista del gobierno de Obama de extender la extraterritorialidad de seguridad en materia de cárteles a los países sede de las bandas, sin respetar las soberanías.
El gobierno de Biden, en cambio, exige el regreso de México a la subordinación de su seguridad nacional a los intereses de la seguridad nacional estadounidense. De manera consistente, Biden ha rechazado las propuestas mexicanas para Centroamérica y el Caribe y sólo quiere que México acepte las operaciones de la CIA, la DEA y el FBI contra cárteles. A pesar de los indicios de que once grupos delictivos mexicanos controlan el mercado al menudeo de tráfico y venta de droga dentro de EU, la Casa Blanca insiste en meterse en la soberanía mexicana para combatir a los cárteles con tropas americanas.
Por primera vez México llegará a una reunión del TCL 2.0 con una agenda no negociable de intereses mexicanos. La Casa Blanca insiste en desdeñar las propuestas mexicanas para Centroamérica, pero en la cancillería mexicana se tiene claro que esa región de la frontera sur es vital para la burbuja de seguridad nacional mexicana a partir de intereses mexicanos. Y en el tema de inversiones del Tratado, las nuevas reglas mexicanas podrían constitucionalizarse para replegar los alcances del acuerdo concesionista de Salinas de Gortari.
En este contexto, de la Cumbre TCL en Washington este jueves podría salir una nueva agenda para nuevas relaciones entre México y EU, inclusive sin Biden.
