Después que la SCJN devolvió 160 mil hectáreas de tierra al estado de Oaxaca, los pobladores de Los Chimalapas y otras comunidades indígenas crearon un Comité con el objetivo de defender sus tierras y anular el fallo
PORTAVOZ STAFF
Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), ejidatarios del municipio de Cintalapa advirtieron que continuarán en la lucha por sus propiedades y tierras, debido a que 160 mil hectáreas serán devueltas al estado vecino de Oaxaca.
Según el portal Debate, los ciudadanos conformaron un Comité de Resistencia por la Defensa del Territorio Chiapaneco, afirmaron que llevarán el expediente a instancias internacionales para que analicen el resolutivo y puedan anular dicha decisión.
Los pobladores se encuentran disgustados por la decisión final que brindó la Suprema Corte al argumentar que los pueblos indígenas asentados en la zona, no fueron tomados en cuenta, sin considerar las afectaciones que estás podrían repercutir en la comunidad, pues ellos debían decidir a qué entidad federativa deseaban pertenecer y no los magistrados.
Señalan que la SCJN pisoteo su derecho a elegir y que en la República Mexicana no se ejerce el Estado de derecho como lo estipula la ley.
La comunidad que se encuentra más perturbada por esta problemática es General Rafael Cal y Mayor, dado que, la mayoría de sus pobladores tienen documentos personales, claves de elector y postales adscritos al municipio de Cintalapa, demarcación territorial en donde emitieron su sufragio en las pasadas elecciones del mes de junio.
Los pobladores de Los Chimalapas tendrán que realizar una travesía de ocho horas a Santa María Chimalapa para realizar cualquier tipo de trámite personal, esto se traduce a 300 kilómetros de distancia, lo que implica una afectación económica para los colonos al no contar con transporte directo.
Por último, solicitaron el apoyo del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, para revisar de manera minuciosa los términos en que quedarán sus tierras.
Pobladores llevarán el expediente a instancias internacionales para que analicen el dictamen y puedan anular dicha decisión
