Sandra de los Santos
Necesario que todas las instituciones educativas tengan protocolos de actuación contra la violencia
Antes de que iniciara la pandemia en marzo del 2020, en diferentes escuelas tanto del nivel medio como superior se realizaron manifestaciones en contra de la violencia de género por medio de los llamados “tendederos del acoso”.
Nunca sabremos en qué hubiera terminado todo ese movimiento que se veía de largo aliento si el Covid-19 no hubiera llegado y suspendido todo, hasta las clases presenciales.
Pero en plena pandemia y debido a un caso de presunto feminicidio que sigue sin esclarecerce, el de la médica Mariana Sánchez Dávila, estudiante aún de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach); estudiantes de diferentes facultades iniciaron un paro de labores. Una de sus principales demandas era un nuevo protocolo de actuación para atender la violencia de género en la institución.
Debido a la insistencia de las estudiantes y su movimiento, se logró cambiar el protocolo que aún es bastante perfectible. Pero al menos este ya tiene más camino que el anterior que se hizo de un pincelazo.
La Unach es la única universidad, hasta ahora, que tiene un protocolo. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) sé que está trabajando en el suyo, pero en el resto de las instituciones el tema no se ha discutido.
Este 25 de noviembre se conmemoró a nivel internacional el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres. El color naranja se institucionalizó, se tomaron fotografías y en algunos casos se hicieron algunas actividades. Aunque estas fechas ayudan precisamente a poner el tema en la agenda, poco sirven si sólo se utilizan como efemérides, si no se convierten en políticas públicas reales y efectivas.
El hecho de que las instituciones educativas de los diferentes niveles tengan protocolos de actuación en contra de la violencia de género ayudaría a incentivar la denuncia, a darle cause, atender los casos con una visión de género, a que se le pueda dar seguimiento, y sobre todo, a que las personas denunciantes tengan medidas precautorias claras.
Existen instituciones que no tienen ni idea cuántas denuncias reciben al año por acoso u hostigamiento sexual porque no las registran, no tienen sanciones claras, las y los estudiantes no saben ni dónde irse a quejar. Dicen que no tienen casos, pero no porque no existan sino porque no los tienen registrados, mucho menos que les den atención.
Un protocolo por sí solo no hace gran cosa, se necesita personal capacitado y sensibilizado para atender las denuncias y sobre todo para prevenir los casos de violencia de género en las instituciones educativas. El tener este documento normativo es un paso hacía el camino correcto.
