Ignacio Sánchez Galán, mandatario de Iberdrola, fue cuestionado durante más de dos horas
por el juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García-Castellón, tiene abierta una
investigación.
PORTAVOZ / AGENCIAS
Prácticas de espionaje que ha realizado la empresa a lo largo de los últimos años en
España y que tenían como objetivo conseguir contratos de obra pública por delante de
sus principales competidoras.
El máximo responsable de Iberdrola negó los hechos. “Yo no ordené nada”, aseguró,
deslizando que esas decisiones, de haberse producido, las tomaron sus subordinados. Sánchez
Galán está siendo investigado y compareció en calidad de imputado por los delitos de cohecho
activo, falsedad en documento mercantil y contra la intimidad.
Iberdrola está considerada la segunda multinacional eléctrica más grande del mundo, se
calcula que su plantilla laboral, entre empleos directos e indirectos, es superior a los 400 mil, y
tiene inversiones y negocios en todos los continentes del mundo y en decenas de países, entre
ellos México, donde también está enfrentando problemas legales por sus prácticas
empresariales. Como también ocurrió recientemente en Estados Unidos, donde se frustró una
gran operación de compra de una filial al ser rechazada por el regulador del Estado de Nuevo
México, al apuntar precisamente a esas sospechas de espionaje y manipulación de los precios
de la energía para los usuarios por parte de sus directivos.
Sánchez Galán había solicitado comparecer por videoconferencia ante el tribunal de la
Audiencia Nacional, pero el juez rechazó esa opción y lo citó a declarar la mañana de este
martes. Y así lo hizo, en compañía de sus abogados, que asistieron al empresario durante las
más de dos horas de interrogatorio del juez García-Castellón. La investigación que señala a
Sánchez Galán y a Iberdrola ya está en una fase muy avanzada, en la que no sólo se tienen
importantes testimonios que confirmarían los hechos delictivos de manera continuada, sino
que además se abren otras interrogantes sobre la forma de actuar de la compañía a lo largo de
los últimos años.
Durante el interrogatorio, Sánchez Galán fue preguntado sobre las operaciones de espionaje
encubierto que realizó entre el 2004 y el 2017 el ex comisario de policía José Manuel Villarejo,
actualmente procesado en numerosas causas, precisamente por sus actividades delictivas, casi
siempre pagadas por empresarios o políticos corruptos. En este caso, la policía y los fiscales
sostienen que Iberdrola pagó alrededor de un millón 100 mil euros (25 millones de pesos) y
que además una tercera empresa de seguridad, también vinculada a la eléctrica y que se llama
Casesa, pagó otros 407 mil euros (nueve millones 400 mil pesos) al ex comisario para que
realizara los trabajos de espionaje. El dinero lo habrían sustentado con facturas falsas.
Sánchez Galán mostró su “condena” a unos hechos que consideró “deplorables”, en referencia
al presunto espionaje pagado por su empresa, al tiempo que advirtió que en todo caso esa
contratación fue ordenado por sus subordinados, e incluso señaló a uno de ellos, Antonio
Asenjo, que fungía como jefe de seguridad de la multinacional, que fue despedido de la
compañía cuando salió a la luz el escándalo.
Uno de los principales hechos investigados es el que hace referencia a la vigilancia y espionaje
al presidente del grupo constructor ACS, Florentino Pérez, también presidente del Real
Madrid, sobre todo para conocer sus pasos empresariales y tomarle la delantera en la
contratación de grandes proyectos de infraestructura públicos.
