La solicitud contra los ex colabadores es por su probable responsabilidad en los delitos de uso
indebido de atribuciones y facultades, asociación delictuosa, irregularidades en los procesos de
adjudicación, contratación y construcción
PORTAVOZ / AGENCIAS
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal la vinculación a proceso de
18 ex funcionarios del sistema penitenciario federal por su probable responsabilidad en los
delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, por
irregularidades en los procesos de adjudicación, contratación y construcción de ocho Centros
Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
En 2020, por este caso, un juez libró una orden de aprehensión contra el ex secretario
de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, por
supuestamente otorgar protección al Cártel de Sinaloa.
Durante el segundo día de audiencia, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control
del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, declaró improcedentes los alegatos
de la defensa de los ex servidores públicos, quienes pidieron declarar la prescripción de los
delitos.
La diligencia se reanudará mañana, luego de que la FGR solicitó la vinculación a
proceso.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020, estas
personas presuntamente pagaron un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho
contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción y prestación
del servicio en las prisiones Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca,
Coahuila y Morelos. Por el delito de asociación delictuosa, la FGR imputó a Marco Antonio
Villarreal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de los centros federales; Gonzalo Villarreal
Guerra, y Arturo Sosa Viderique, ex director general de administración del OADPRS.
Las personas antes mencionadas, al igual que 15 personas más fueron señalados por el
delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Javier Haro de Alva, ex director del Órgano administrativo Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social (OADPRS), quien goza de un criterio de oportunidad, aportó información
que sirvió a la FGR para integrar la carpeta de investigación.
El resto de los servidores públicos contra los que se pidió la vinculación a proceso, son:
El general Salvador Camacho Aguirre, ex mando de la Policía Federal que participó en los
operativos realizados en Tanhuato y Nochixtlán. El ex coordinador de prisiones y ex director
del Heroico Colegio Militar y ex comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, el general
Sergio Alberto Martínez Castuera.
La ex coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación (Ceferesos), Celina
Oseguera Parra. Miguel Vital Hernández, quien fue director general adjunto de la Dirección
General de Administración del Órgano Administrativo; Raúl Gerardo Lemus Soto, que fungió
como director de apoyo operativo; Óscar Moreno Villatoro, ex director general de
administración del OADPRS y Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de Prevención y
Readaptación Social. De igual manera, al ex oficial mayor de la desaparecida Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Sergio Montaño Fernández.
También a Jannet Miriam Martínez Sánchez, Antonio Corona Rodríguez y María Lidia
Alcantar Vargas, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, Saúl Castro Castro y Alma Delia Sánchez
Ocampo.
