La Secretaría enumeró algunas situaciones graves de los últimos 30 años que afectaron el
medio ambiente y que no fueron cuestionadas
PORTAVOZ / AGENCIAS
Luego de que un pequeño grupo de famosos protestara contra el Tren Maya debido al cambio
de ruta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), les cuestionó por
qué no levantaron la voz en los últimos 30 años por la verdadera devastación del sureste de
México.
En un comunicado, la dependencia tacha de desinformación o información errónea la que
proporcionan Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar
Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón.
“Hacen creer a la población en general que el Gobierno de México promueve la devastación
medioambiental en el sureste mexicano.”
Ante ello, la Secretaría recordó algunas situaciones graves de los últimos 30 años que “sí han
dañado la riqueza natural del sureste de México”.
Se permitió el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas. Por ejemplo, en Yucatán la
Asociación de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas en 50 municipios
de la entidad, cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestación,
desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable, y se acrecienta por las
características cársticas de sus suelos.
Se potenció y fomentó el uso de agroquímicos como el glifosato. Esto, incluso fomentado
desde las autoridades y perjudicó a la salud humana y ambiental, ya que los cultivos de
organismos genéticamente modificados (el maíz y la soya) se implementan con paquetes
tecnológicos basados en agroquímicos.
Se omitió atender el creciente problema de la deforestación y tala ilegal. Históricamente el
sureste ha sufrido por la deforestación, y actualmente se ubica como la región más
deforestada del país; de 2010 a 2017 la siembra de soya en el estado de Campeche pasó de 17
mil a más de 40 mil hectáreas.
Solo en el municipio de Hopelchén, la superficie destinada a ese cultivo creció de 7 mil a 28 mil
hectáreas, es decir 400%. La tala ilegal de maderas preciosas tropicales se incrementó en los
últimos años, de 2000 a 2018, impactando incluso la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la
más grande de América Latina.
Se dieron permisos para la explotación minera sin considerar los daños al ambiente. La
explotación de recursos minerales y pétreos se concedió sin consideración de los daños
ambientales que ocasiona, permitiendo que se lleve a cabo también por debajo del manto
freático y sus impactos son irreversibles, como sucedió con la empresa Calica, en Solidaridad,
Quintana Roo. En 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP) terrestres de nuestro país existen 1,862
concesiones mineras con una superficie total de traslape de 1.5 millones de hectáreas, como
es el caso de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas.
Se permitió la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite. Se permitieron
actividades económicas que contravienen las vocaciones naturales del sureste mexicano, como
el cultivo de palma de aceite, el cual requiere de grandes cantidades de agua y un paquete
tecnológico de agroquímicos, además de que provoca la compactación del suelo, lo que genera
severas afectaciones ambientales.
En México, argumenta la Semarnat, la mayor producción de palma de aceite se realiza en
Chiapas, donde se concentran más de 49 mil hectáreas sembradas, que representan el 43% de
la superficie del cultivo a nivel nacional. Esta concentración se ubica en dos regiones del estado, Soconusco y Selva Lacandona, e incluso dentro del ANP La Encrucijada con 8 mil
hectáreas. y Benemérito de las Américas, con más de 8 mil, en región Selva Lacandona.
Se autorizaron megaproyectos y obras de infraestructura que dañaron severamente al medio
ambiente. Se permitió, e incluso se fomentó, el crecimiento desordenado y exponencial de la
infraestructura turística e inmobiliaria en el estado de Quintana Roo, sin ni siquiera plantear
medidas de compensación que mitigaran los impactos al medio ambiente. Particularmente en
Cancún, Tulum y Bacalar, donde las consecuencias han ido desde la contaminación y
privatización de las playas del Caribe Mexicano y el deficiente manejo de residuos sólidos y
aguas, hasta la explotación de la riqueza natural, incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas.
En este contexto, con el inicio de la administración de la Cuarta Transformación también
empezó la remediación de este desastre socioambiental, asegura Semarnat, por lo que han
puesto en marcha acciones, estrategias y programas que permitan detener y contrarrestar las
prácticas que atentan contra el medio ambiente y la población, ya que también fomentamos
un turismo respetuoso de la naturaleza y de las comunidades que habitan estos lugares.
El Programa de Reforestación más grande del mundo. La implementación del Programa
Sembrando Vida en el sureste mexicano incluye más de medio millón de hectáreas que
favorecen la retención y regeneración de suelos, la captación de agua y la absorción de bióxido
de carbono.
Asimismo, de la mano de prácticas agroecológicas, aunadas a la generación productiva y de
ingresos, se favorece el desarrollo económico y sustentable de las comunidades.
Estrategia contra la Tala Ilegal. Por primera vez se implementa una estrategia interinstitucional
e integral, que inició en Campeche y ha logrado la instalación de puntos de inspección y
revisión en lugares estratégicos, lo que evita el transporte de maderas extraídas de forma
ilícita, decomisos y el inicio de procesos judiciales, así como seguimiento a carpetas de
investigación.
Acuerdo histórico con la comunidad menonita. Por primera vez en la historia del país se acordó
frenar la deforestación e iniciar la transición hacia una forma de producción agroecológica, que
se complementa con el decreto publicado el 31 de diciembre de 2020, que prohíbe
gradualmente el uso del glifosato y maíz transgénico.
Reconocimiento a las comunidades que cuidan y conservan el medio ambiente. A través del
Programa Pago por Servicios Ambientales se ha logrado conservar y proteger más de 200 mil
hectáreas en el trayecto del Tren Maya, y se trabaja directamente con las comunidades para
seguir creando corredores biológicos forestales.
No se ha otorgado ninguna concesión de minería a cielo abierto. Se mantiene el compromiso
de proteger el medio ambiente ante esta actividad, y se realiza una revisión de las concesiones
otorgadas en Áreas Naturales Protegidas.
Se interponen controversias constitucionales para proteger el medio ambiente. Se hace frente
jurídico a los instrumentos de ordenamiento ecológico locales que no cumplen técnica y
normativamente su fin, y favorecen la urbanización y los intereses inmobiliarios.
Con estas y otras acciones, el Gobierno de México combate los verdaderos problemas
ambientales que hay en el sureste del país (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo), y se implementa el proyecto Tren Maya como una obra emblemática de este gobierno,
que armoniza el desarrollo económico y social con la conservación de los recursos naturales,
asegura el documento. También señalaron que se está impulsando la conservación del
territorio a través de la ampliación y creación de áreas naturales protegidas.
“En suma, representa un proyecto para la justicia social y ambiental en el sureste de nuestro
país de la mano de las comunidades. Las personas de la región quieren y ven en el Tren Maya
un camino de esperanza para su bienestar y felicidad en sus propias comunidades, a diferencia
de lo que en administraciones anteriores se hacía para perpetuar el beneficio de unos cuantos,
por encima del bien común, las necesidades y el desarrollo de los habitantes del sureste, y los
empujaba a migrar, aun cuando son las guardianas y guardianes históricos del territorio y los
recursos naturales”.
En México, argumenta la Semarnat, la mayor producción de palma de aceite se realiza en
Chiapas, donde se concentran más de 49 mil hectáreas sembradas, que representan el 43% de
la superficie del cultivo a nivel nacional
