La fiscalía guatemalteca ordenó la captura de un comunicador que investigó un oscuro
convenio de mineras rusas con el presidente y forzó al exilio a un presentador de TV
PORTAVOZ / AGENCIAS
Juan Bautista Xol es un periodista guatemalteco de la etnia Maya Q’eqchi’ que en octubre de
2021 cubrió en primera línea el embate policial a un grupo de líderes indígenas que
protestaban contra una mina rusa que contamina el lago más grande del país y los ríos en El
Estor, un municipio en las montañas del noreste. A partir de entonces, el Estado de Guatemala
lo ha sometido a un acoso permanente.
Xol es uno de cinco periodistas, la mayoría Q’eqchi’, que estuvieron en El Estor el fin de
semana del 22 y 23 de octubre de 2021 para cubrir la arremetida policial. Él y sus otros dos
colegas indígenas, Carlos Choc Chub y Baudilio Choc, han sido criminalizados desde entonces.
Agentes del Estado los han seguido, les han tomado fotos que luego aparecieron en sitios web
en los que se les denigra y acusa de cometer delitos, les allanaron sus casas. A uno de ellos,
Carlos Choc, el Ministerio Público (MP), en alianza con la mina rusa, quiere meterlo preso.
A las 7:02 a.m. del 26 de octubre de 2021, cuando ya el gobierno de Guatemala había
decretado estado de sitio en El Estor tras la violencia policial, empezó el acoso contra juan
Bautista Xol: mientras un canal de televisión de tendencia oficialista transmitía imágenes en
vivo, decenas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), del MP y la inteligencia estatal
rodearon la casa del periodista. A los pocos minutos la allanaron y mantuvieron incomunicados
a Xol y a su familia durante dos horas. Así consta en un reporte de agresión elaborado por
Prensa Comunitaria, el medio independiente para el que trabaja Xol, y la Procuraduría de
Derechos Humanos de Guatemala (PDH).
Antes de ese allanamiento, durante la arremetida policial, una página de Facebook afín a la
mina rusa había subido fotos de un hombre encapuchado de quien decía era el periodista Xol,
que, según esa publicación, se disponía a atacar a la PNC. Todo era mentira: Xol había estado
todo el rato documentando los abusos policiales y transmitiéndolos en vivo desde su teléfono
celular.
En un testimonio que dio luego, Xol explicó que durante el allanamiento los policías obligaron
a su esposa a desbloquear un teléfono celular en el que el periodista guardaba las fotos de los
abusos policiales del fin de semana anterior.
“La PNC y el Ministerio Público retuvieron al periodista Xol Coc y su familia aproximadamente
dos horas. Hacen que la familia esté en el corredor durante el allanamiento y les impiden
comunicarse vía teléfono. A las 9:30 aproximadamente finaliza el allanamiento; la PNC y MP no
encontraron ningún indicio o pruebas y no capturaron al periodista, pero sí secuestraron el
celular de la pareja Xol Coc diciendo que se sometería a un análisis”, dice el informe de
agresión redactado por Prensa Comunitaria.
La única razón por la que Juan Bautista Xol no fue arrestado es que el periodista, antes del
allanamiento, alcanzó a comunicarse con alguien que informó a sus colegas del inminente
registro. Desde Ciudad de Guatemala, Prensa Comunitaria hizo una denuncia pública de
inmediato, la cual levantó alarmas incluso en el extranjero.
El Comité de Protección a Periodistas (CPJ en inglés), basado en Nueva York, emitió una alerta
el 28 de octubre. “Las autoridades guatemaltecas deben de detener el acoso a periodistas que
cubren estas protestas y asegurar que la prensa independiente pueda cubrir de forma segura
eventos de interés nacional e internacional”, escribió el comité en un comunicado.
Al mismo tiempo que los agentes del Estado entraban a la casa del periodista Xol, otro
contingente de policías, estos acompañados por empleados de la mina rusa, entraron por la
fuerza a la casa de Carlos Choc, otro periodista Q’eqchi’. Según testimonios de los vecinos, recogidos en el informe elaborado sobre esta agresión, los policías no encontraron a nadie en
la casa. Aun así, revolvieron todas las pertenencias de Choc, destruyeron parte del mobiliario y
se aseguraron de dejar a la vista una de las credenciales de periodista que ahí encontraron.
A Carlos Choc el Estado de Guatemala lo persigue desde 2017, luego de que el periodista Maya
Q’eqchi’ documentó por primera vez que la mina, propiedad de la empresa ruso-suiza Solway,
estaba contaminando el Lago de Izabal y de fotografiar el cadáver de un pescador al que la
policía asesinó en mayo de aquel año mientras protestaba en El Estor contra las actividades de
la mina.
Como represalia, el MP guatemalteco abrió un proceso penal a Choc y le decretó una orden de
captura. Por aquel caso, finalmente, un juez de Puerto Barrios, la capital administrativa de
Izabal, el departamento de Guatemala en que se ubican El Estor y la mina, decretó medidas
alternativas al arresto y obligó a Choc a presentarse a la sede del Ministerio Público a firmar
una vez al mes.
El 6 de marzo de 2022, 20 medios de todo el mundo, incluido Prensa Comunitaria, publicaron
varias investigaciones, basadas en miles de documentos internos de la mina rusa y en años de
cobertura en el territorio, que revelan irregularidades y violaciones a derechos humanos
cometidas por los mineros en complicidad con el gobierno de Guatemala. Entre ellos que la
mina hace pagos mensuales a la PNC, que ha servido como brazo armado en desalojos de
comunidades indígenas, y que empresas socias de la minera sobornaron al presidente
guatemalteco, Alejandro Giammattei.
Después de esa investigación, el MP, aliado de Giammattei, volvió a arremeter contra el
periodista Carlos Choc. Trece policías acusaron a Choc y a otras 11 personas de atacarlos
durante los disturbios de octubre. La única prueba presentada es un informe médico levantado
a última hora que solo da fe de que los policías tenían algunos rasguños. Lo que Choc hacía
cuando según el Ministerio Público agredía a los agentes era cubrir los abusos policiales, como
muestran vídeos y fotos de él publicadas.
El juez Aníbal Arteaga, de Puerto Barrios, firmó órdenes de captura contra Choc y los otros
acusados. Según documentos revelados en la investigación sobre la mina rusa y el gobierno, el
juez Arteaga está en una lista de funcionarios a los que la minera entregaba regalos cada año.
Y de acuerdo con el mismo Ministerio Público, Arteaga ha sido cómplice de narcotraficantes,
por lo que hay un proceso de antejuicio pendiente (en Guatemala los jueces gozan de fuero).
CPJ, desde Nueva York, también ha alertado por el peligro en el que el Estado de Guatemala ha
puesto al periodista Carlos Choc.
Las agresiones del Estado guatemalteco al periodismo independiente no se limitan a El Estor y
a la mina rusa. En 2021, el MP criminalizó y metió presa a Anastasia Mejía, una periodista
comunitaria Maya Quiché a quien CPJ había reconocido con un premio a la liberta de prensa.
En pasado 4 de abril, Juan Luis Font, un reconocido periodista y presentador de televisión
basado en la capital guatemalteca, anunció en su cuenta de Twitter que abandonaba
temporalmente el país luego de que el MP lo sometió a persecución penal. Font también ha
sido una voz crítica del gobierno de Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, a quien
Estados Unidos ha nombrado agente corrupta y antidemocrática en Centroamérica.
La situación de la libertad de información ha empeorado notablemente en Guatemala en los
últimos meses. La PDH y el programa de libertad de expresión del medio Prensa Comunitaria
documentaron 125 agresiones en 2021, un promedio de una agresión cada tres días. Entre
enero y marzo de 2022 se registra, en promedio, una agresión cada dos días.
La única razón por la que Juan Bautista Xol no fue arrestado es que el periodista, antes del allanamiento, alcanzó a comunicarse con alguien que informó a sus colegas del inminente registro
