Pese a presentar casi mil hojas de pruebas en las que documentaron las acciones de la Embajada,
se negaron a aceptarlas
MIROSLAVA HERNÁNDEZ/PORTAVOZ
Familiares y abogados del asesinado defensor ambiental chiapaneco, Mariano Abarca, junto con
MiningWatch Canadá, iniciativa que atiende a las necesidades de respuestas de interés público,
causados por las políticas y prácticas irresponsables de minería de Canadá, han solicitado permiso
para apelar al Tribunal Supremo de Canadá, en busca de facilitar el camino para que el
Comisionado para la Integridad de la Administración Pública investigue a la Embajada canadiense
en México, dicha solicitud significaría la primera ocasión que el sistema de denuncias en torno al
sector público de Canadá sea sometido a escrutinio público.
Mariano Abarca, originario de Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado a tiros en 2009, tras denunciar
los impactos sociales y medioambientales causados por la mina de Barita canadiense “Blackfire
Exploration”, cuya compañía inició actividades en Chicomuselo en 2007, la cual desde el principio
solicitó y recibió un importante apoyo de la Embajada canadiense, caso de ello fue el envío de una
delegación de alto nivel a la oficina del entonces gobernador de Chiapas para ejercer presión a las
autoridades estatales con el fin de proteger a la empresa minera y sofocar las protestas de
Mariano, por lo que las autoridades atendiendo a la denuncia de la compañía arrestó durante
ocho días al defensor ambientalista, a pesar de saber que Mariano estaba recibiendo amenazas de
los empleados, y siete semanas después de ser liberado fue asesinado a plena luz del día.
A causa del apoyo incondicional de la Embajada de Canadá hacia Blackfire, la familia de Mariano
sirviéndose de la ley para responder a abusos por la administración pública de Canadá presentó
una denuncia en 2018 al Comisionado para Integridad de la Administración Pública, en la que se le
ofrecieron casi mil páginas de pruebas de solicitud de acceso a la información, documentando las
acciones de la Embajada, sin embargo, el Comisionado se negó a aceptar y leerlas, decidiendo no
iniciar una investigación.
En febrero de 2022, la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del Comisionado
fundamentada en un tecnicismo, considerando además que el Comisionado no tenía la obligación
de leer las evidencias presentadas, mientras que la Corte desechó los argumentos de las tres
partes intervinientes en el caso.
Nicholas Pope, abogado del caso, consideró que “el resultado final es que los actos y omisiones de
la Embajada de Canadá que pueden haber contribuido al asesinato de un defensor de los derechos
humanos han quedado sin investigar”.
Por otro lado, José Luis Abarca, uno de los hijos de Mariano refirió que con el actuar de las
instancias canadienses se le está negando el derecho a conocer la verdad respecto a la presión a la
que las autoridades estatales fueron sometidas por la Embajada canadiense, cuestión que pudo
haber sido un factor clave en el asesinato de su padre.
Originario de Chicomuselo, fue asesinado a tiros en 2009 tras denunciar los impactos sociales y medioambientales causados por la mina de Barita canadiense “Blackfire Exploration”
