Dos proyectos de ley, uno del Gobierno, no alcanzan los votos necesarios en un Parlamento
atomizado
PORTAVOZ / AGENCIAS
El Congreso chileno ha rechazado la noche del lunes dos proyectos de ley que buscaban
autorizar nuevos retiros de los fondos de las pensiones, una iniciativa altamente popular en un
contexto económico adverso, pese a las inconveniencias que han alertado los técnicos para el
futuro de las jubilaciones. No se rechazaron por la responsabilidad de los congresistas ante un
escenario complejo para la seguridad social –el sistema de fondos de pensiones ha sufrido un
daño severo desde que en 2020 se realizó el primero de los tres retiros autorizados–, sino
porque la atomización del Parlamento no permite llegar a acuerdos básicos en asuntos
sustanciales y resulta compleja la construcción de mayorías, incluso para un Gobierno recién
electo como el de Gabriel Boric.
Chile tiene un problema complejo con su sistema de pensiones que se arrastra hace lustros. En
el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) fue el propio Mario Marcel –el actual
ministro de Hacienda de Boric– que lideró una comisión asesora presidencial para una reforma
al sistema previsional. En el segundo mandato de la socialista (2014-2018) hubo otro intento,
en una comisión liderada por el economista David Bravo. De acuerdo al análisis de entonces,
las pensiones serían insuficientes: las tasas de reemplazo –la pensión con relación al salario
que obtienen los trabajadores en su vida laboral–, serían del orden del 35 por ciento, cuando
el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) llega a 66 por ciento. El desafío, por lo tanto, apuntaba a robustecer los ahorros para el
sistema previsional, tanto por medio de los aportes estatales como por mayores ahorros
personales. En Chile, con un sistema basado sobre todo en la capitalización individual, se cotiza
apenas un 10 por ciento de los salarios.
En octubre de 2019, con el estallido social, las demandas por mejores pensiones se instalaron
con fuerza nuevamente en la agenda política. Los dardos apuntaban sobre todo al sistema
vigente desde 1981, basado sobre todo en la capitalización individual en cuentas gestionadas
por las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que recaudan,
pagan las pensiones, administran los fondos y son clave para el sistema financiero chileno. El
sistema previsional, sin embargo, desde 2008 tiene un segundo pilar, con recursos del Estado
enfocado en las personas de menores recursos que no tuvieron ahorros.
En esa discusión estaba Chile hasta que la pandemia en 2020 dio vuelta el tablero y el
Congreso abrió la puerta para retirar los ahorros previsionales, lo que fue fuertemente
criticado por los especialistas, como el propio Marcel, entonces presidente del Banco Central.
Aunque el Parlamento por ley no puede tomar medidas que impliquen gasto fiscal ni que
afecten a la seguridad social, mediante figuras legislativas logró impulsar tres retiros
consecutivos en el Gobierno de Sebastián Piñera, que permitieron a los ahorrantes sacar el 10
por ciento de sus recursos para la vejez. Si el sistema tenía 250.000 millones de dólares, con
los tres retiros se sacaron unos 52.000 millones de dólares, es decir, cerca de un quinto (algo
similar a lo que Chile gasta socialmente en un año).
Hoy en día, los especialistas, como el propio Bravo, hablan de una especie de suicidio
colectivo. Porque luego de los consecutivos retiros, las pensiones que se pueden pagar con
esos fondos cayeron del orden de un 38 por ciento, según el economista. De acuerdo a datos
de enero de la Superintendencia de Pensiones, “el 34,5 por ciento de las y los afiliados que ha
solicitado algún retiro ha quedado sin saldo en su cuenta de ahorro individual obligatoria”.
Lo que está en juego, por lo tanto, no solo apunta al sistema privado de capitalización
individual que tiene fuertes críticos, sino al propio sistema de seguridad social chileno. La
esperada reforma pendiente, que el Gobierno de Boric busca impulsar este 2022, resulta una
incógnita con menos recursos. Porque independientemente del sistema que exista en el futuro
–probablemente uno mixto–, se necesitará dinero para intentar jubilaciones dignas.
Fue el contexto en que el Congreso abrió nuevamente la discusión por un nuevo retiro, a lo
que el ministro de Hacienda se negó hasta hace una semana, justamente por las consecuencias
en las jubilaciones y en la macroeconomía: el aumento del consumo ha contribuido al
aumento de la inflación, en un país como Chile poco acostumbrado a este fenómeno en el
pasado reciente. El Gobierno de Boric, con serias dificultades para ordenar a sus propios
parlamentarios, tuvo que ceder y propuso un proyecto acotado para permitir un retiro de los
ahorros para la vejez, pero solo destinado a que las personas paguen determinadas deudas. De
acuerdo al ministro Marcel, tendría un impacto de un quinto respecto de un retiro sin mayores
condiciones. Formaciones importantes del oficialismo, como el Partido Comunista, apostaron
por rechazar el proyecto original de los parlamentarios, para apoyar la iniciativa del Ejecutivo.
En el Congreso, sin embargo, anoche se rechazaron ambos proyectos. Lo sucedido en el
Parlamento da un respiro al Gobierno, por el fuerte golpe económico que hubiese implicado
un nuevo desangramiento del sistema de pensiones y las dificultades que hubiesen implicado
para llevar adelante su programa de transformaciones. Pero el Ejecutivo de Boric ha sido
herido políticamente, porque a un mes de llegar al poder ha quedado en evidencia sus serias
dificultades no solo para ordenar a su coalición, sino para defender, persuadir y explicar una
posición impopular sobre la que se tiene convicción, como analizó otro de los economistas
respetados de la plaza chilena, el socialista Óscar Landerretche.
En octubre de 2019, con el estallido social, las demandas por mejores pensiones se instalaron
con fuerza nuevamente en la agenda política
