A pesar de contar con 22 Alertas de Violencia de Género en el país, Chiapas aumentó su
incidencia en los últimos seis años
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Los delitos por feminicidios en el país crecen de forma exponencial, durante el 2015 solo se
reportaron 427 casos en un año y en los primeros meses de 2022 se tienen contabilizadas 234
carpetas de investigación; en Chiapas se duplicó esta cifra.
De acuerdo a la información brindada por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM), en la entidad las víctimas de feminicidio aumentaron en 50 por ciento, en comparación
con el registro del 2016, donde se tuvo un número inicial de 32 eventualidades y en 2021 se
culminó con 48.
Mientras en los primeros cuatro meses de este año, se suscitaron ocho feminicidios y a nivel
nacional existen más de mil casos. Por ende, la presión social se hizo presente y una gran cantidad
de mujeres solicitaron que el Gobierno implemente y garantice la seguridad de las mujeres en
todo el país.
Algunas de las propuestas que se solicitan, son investigar por completo el tema con relación a la
violación de los derechos humanos, aplicar sanciones más fuertes y ofertar alguna reparación de
daños, al igual que incentivar la creación de políticas públicas, con el objetivo de prevenir más
percances de esta índole.
El Estado de México ha figurado por ser la entidad más representativa en el crecimiento en
feminicidios del país, con una brecha porcentual del 145 por ciento, seguido de Nuevo León, con
un aumento del 100 por ciento.
Sin embargo, pese a contar con 22 alertas de violencia de género en México, la tasa de
feminicidios se disparó al 137 por ciento a nivel nacional.
Por su parte, la escritora y activista social, Margo Glantz, a través de su cuenta de Twitter,
consideró que no hablar de las mujeres víctimas de feminicidio es un agravio, dado que, no se
ayudaría a visibilizar la crisis de seguridad que persiste en el país y solo sería una problemática más
que no formaría parte de la agenda pública.
Algunas de las propuestas que se solicitan, son investigar por completo el tema con relación a la violación de los derechos humanos, aplicar sanciones más fuertes y ofertar alguna reparación de daños
