Señalan que luego de dos años de ser obligados a abandonar sus hogares, las autoridades se han
mostrado indiferentes, además diez infantes han nacido en situación de desplazamiento
YUSETT YAÑEZ /MIROSLAVA HERNÁNDEZ / PORTAVOZ
El desplazamiento de más de 80 familias de las comunidades de Yaschén de los Pobres y San
Bartolomé de los Llanos, pertenecientes al municipio de Venustiano Carranza, se presentaron en
abril de 2020 cuando el grupo paramilitar denominado “Paraíso del Grijalva” irrumpió la
tranquilidad de las comunidades para prender fuego, robar y saquear decenas de casas por una
disputa de tierras.
A la fecha, cuando ya han transcurrido dos años de haber sido desplazados forzosamente de sus
tierras, 15 familias de Venustiano Carranza se proclamaron en contra de la indiferencia que
refieren han sufrido por parte de las instituciones públicas federales, estatales y municipales, de
las cuales señalaron han obtenido omisión y una constante distracción hacía los mismos.
Santos Hidalgo Espinoza, portavoz de los que protestan, comentó que debido a la no atención de
la problemática que enfrentan, ésta se ha venido heredando a otras instituciones y a otros
gobiernos, expresaron además que, pese a faltar menos de tres años para que concluya el actual
sexenio, continúan sin conseguir soluciones, aunado a que persisten las amenazas y las constantes
violaciones a los derechos humanos, al igual que amenazas e intimidaciones.
Asimismo aludieron que aquel desplazamiento forzado fue anticipado, por lo que con el
conocimiento de las amenazas, se dirigieron con antelación a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana para solicitarles protección, sin embargo, no fueron atendidos,
mencionaron que incluso a la fecha los poblados Aztlan de los Pobres y San Bartolomé continúan
desprotegidos, adicional a dichas cuestiones compartieron que los agresores se han quedado con
sus hogares y tierras, mientras que los verdaderos habitantes siguen siendo desplazados, pese a
ello manifestaron que no buscan pelear con los hermanos indígenas, pero piden al Estado
mexicano que no hagan caso omiso a la problemática, por lo que piden el pago total de los bienes
muebles e inmuebles que fueron saqueados por el grupo de la localidad Paraíso del Grijalva, al
igual que su integración al Consejo de Desplazamientos y reubicación de las familias desplazadas.
NIÑOS DESPLAZADOS SIN ATENCIÓN HUMANITARIA
Expusieron que no han recibido ayuda humanitaria; lo más difícil de esta situación es que durante
este tiempo, diez infantes han nacido en situación vulnerable.
“Diez bebés han nacido en situación de desplazamiento, no hay ninguna atención hacia ellos,
pedimos que se reparen nuestros hogares, nos los quemaron, no hay condiciones para el retorno”,
refiere una de las mujeres agraviadas.
Además, agregan que no hay condiciones para retornar a las viviendas que se encontraban en
Yaxch’en de los Pobres y Nuevo San Bartolomé.
“Nosotros somos desplazados de la comunidad Yaxch’en de los Pobres y Nuevo San Bartolomé,
venimos de diferentes municipios porque no todos estamos en el mismo lugar, porque somos
desplazados”.
A pesar que las autoridades estatales los han recibido para mantener una mesa de diálogo, aún no
hay respuesta definitiva a sus peticiones, enfáticas mencionan que la vida en la capital es difícil
mantenerla, el pagar renta y buscar trabajo no ha sido tan sencillo.“Nos vamos en donde caiga el
trabajo, ahorita una comisión nos recibió por parte de Gobernación, y los que estamos acá, estamos pidiendo justicia para recordarle a las autoridades que ya tenemos dos años de estar
desplazados y seguimos en lo mismo, no tenemos ninguna solución, nos dejaron sin hogar, no
tenemos dónde vivir, dicen que, si hay un avance, pero no vemos nada, porque no nos quedó más
que venirnos a plantar para ver alguna solución”.
Los agraviados responsabilizaron de los actos violentos a los miembros de la Alianza Campesina
San Bartolomé de Los Llanos, que para dicho momento estaba conformada por Comuneros
Básicos, Barrio Convento, San Antonio 3 de Marzo y Paraíso del Grijalva, dado que el 3 de
noviembre de 2019 las dos comunidades violentadas renunciaron a seguir perteneciendo a la
organización social campesina.
Piden el pago total de los bienes muebles e inmuebles que fueron saqueados por el grupo de la localidad Paraíso del Grijalva
