Francisco Gómez Maza
En la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios muy pocos ponen atención.
Es más, ya reprimidos por la pobreza y el hambre y la persecución, los reprimen con la fuerza
policiaca.
Los violentan, como lo han hecho con las familias triquis de San Juan Copala, Oaxaca, las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en la madrugada de este martes 26 de abril.
Un contingente de la policía capitalina desalojó a los integrantes de la comunidad triqui -143
familias-, que estaba acampada frente al Palacio de Bellas Artes desde 2020, y los trasladó a un
“supuesto” refugio en la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero, sin su consentimiento.
Los agarraron por sorpresa, destruyeron el campamento y, luego, en el predio al que fueron
trasladados, los aprisionaron con el pretexto de que en ese lugar estarían más seguros.
En el área de conferencias de prensa del Senado hubo, este martes, por otra parte,
manifestaciones de protesta por el desalojo de los triquis. El senador Emilio Álvarez Icaza, sin
partido, pero del ala derecha, denunció al gobierno de Claudia Sheinbaum del desalojo. Y
Morena presentó a un grupo de indígenas triquis que explicaron su situación.
Las familias integran el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que
se vieron forzadas a desplazarse de sus lugares de origen, por grupos armados financiados por
los caciques de la zona de Copala.
El abogado José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
recordó que el grupo de personas indígenas Triqui instaló su protesta primero en la plancha
del Zócalo; luego fueron removidos hacía Eje Central; más tarde, el campamento fue ubicado
sobre la avenida Juárez, donde estaban en la actualidad.
A principios de enero de 2021, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador respondió,
en una de sus tradicionales conferencias de prensa, que el gobierno federal habría de ayudar a
pacificar la zona, que básicamente es considerada de guerra, con la intervención de la
Secretaría de Gobernación, dirigida en aquel entonces por Olga Sánchez Cordero.
El abogado del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” recordó que las familias, de
la comunidad oaxaqueña de Copala fueron expulsadas de sus viviendas, en diciembre de 2020,
tras diversos actos de violencia que se desarrollaron en aquella entidad.
De esta forma, los integrantes de la comunidad decidieron desplazarse hacia la capital del país
para solicitar el apoyo del presidente López Obrador y recuperar sus viviendas y tierras.
Sin embargo, la oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que dirige
Alejandro Encinas Rodríguez, no ha logrado pacificar esta zona del país, para garantizar un
regreso seguro a la comunidad de las familias que fueron desplazadas de plantón.
El abogado Lara Duque dijo que es urgente que el Estado mexicano garantice el retorno a
Tierra Blanca Copala, Oaxaca, de estas 143 familias indígenas, en paz y concordia, ante la
inacción del gobierno de Alejandro Murat en Oaxaca.
No obstante, el abogado agregó que, ante la inacción del Estado mexicano, ya se trabaja en
una petición formal a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la
oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (Onudh) para que acompañen el caso y garanticen los derechos como integrantes de
un pueblo originario mexicano
A DESFONDO: La Diputada Federal por MORENA, Laura Imelda Pérez Segura, urgió a discutir y,
en su caso, aprobar la propuesta para reformar el artículo 400 del Código Penal Federal, que
establece que cuando se trate del delito de feminicidio, se sancione penalmente a quien o
quienes cometan un acto de encubrimiento o protejan al o los directamente responsables. La
legisladora jalisciense recordó el caso del feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, una
estudiante veracruzana de 20 años, quien tras ser brutalmente golpeada por su novio Marlon
“N” perdiera la vida; lamentó que el caso siga sin ser resuelto debido a que el presunto agresor fue ayudado por sus propios padres para evadir la justicia. Ante la gravedad de este caso, la
senadora propone asentar, en el marco legal federal, la llamada Ley Monse, para adicionar un
párrafo tercero al artículo 400 en materia de encubrimiento del Código Penal Federal, a fin de
establecer que, cuando se trate del delito de feminicidio, las excusas absolutorias contenidas
en dicho artículo no serán aplicables, haciendo que las y los encubridores, sea cual sea su
relación con el imputado, puedan ser acreedores a una pena legal.
