La llegada de otros servicios de transporte, sin documentación en regla es considerado un
competencia desigual
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La falta de transparencia en el sector de transportes se ha vuelto un problema de atención en la
agenda pública de Tuxtla Gutiérrez, dado que, existe en circulación un aproximado de 20 mil
vehículos ilegales en cualquiera de sus modalidades, adicional a la competencia de los servicios de
traslado por aplicativos móvil.
El presidente de la Alianza del Transporte Organizado del Estado de Chiapas, Bersaín Mirada
Borraz, señaló que los pagos de impuestos de los concesionados son absorbidos por las arcas de
las instituciones públicas, caso contrario al ingreso generado por los transportistas piratas que
cuentan con el visto bueno de funcionarios públicos.
En ese contexto, puntualizó que la situación que experimenta el sector de transportes es
complicada y no se imparte de forma equitativa, pues ellos se encuentran obligados a cumplir con
sus obligaciones ante la ley y las empresas de origen foráneo que ahora se posicionan no.
También hizo mención sobre un tratado de libre comercio que involucra a Estados Unidos y
Canadá, mismo documento que hizo a un lado los intereses del transporte municipal y estatal.
Por otro lado, enfatizó que las marchas o movimientos transportistas, son con el sentido de hacer
valer su voz, no obstante, los medios de comunicación los catalogan de agitadores profesionales o
de un sector conflictivo, cuando su intención es hacer valer los derechos que les corresponden y
trabajar con legalidad.
Declaró que no consideran justo que los competidores extranjeros no cuenten con una concesión
y mientras no cuenten con dicho documento, no serán bienvenidos a la competencia, puesto que,
existe una desventaja en circunstancias y los precios por traslado no estarán regulados.
Asimismo, recalcó que los únicos afectados serían los usuarios del transporte, debido a que
cederían el control total de las tarifas a las empresas privadas.
Bersaín Mirada Borraz, señaló que los pagos de impuestos de los concesionados son absorbidos por las arcas de las instituciones públicas, caso contrario al ingreso generado por los transportistas
piratas que cuentan con el visto bueno de funcionarios públicos
