Héctor Estrada
Mafias dedicadas al comercio ilegal, provenientes del centro del país, se han apoderado del primer
cuadro de la capital chiapaneca, pero su actividad va mucho más allá del ambulantaje. Disfrazados
de comerciantes, bandas delictivas han tomado el control del comercio en vía pública, con cobro
de derecho de piso y modalidades de asalto o estafas a transeúnte, que suceden de manera
constante, pero son solapadas por las autoridades municipales.
El problema ha crecido ante la vista de todos. Lo que hasta hace poco eran solamente puestos de
canasteras o comerciantes indígenas, vendedores de alimentos y verduras en vía pública, con los
años han sido desplazados por redes de piratería, ropa y falluca que han inundado las banquetas,
volviéndolas intransitables a horas pico del día.
Sin embargo, ese no es el problema mayor. El problema de fondo tiene que ver con las mafias que
están detrás. Y es que, aunque muchos de los puestos ambulantes “tienen rostro” de jóvenes,
mujeres e incluso menores de edad, tras bambalinas existen líderes que los coordinan, organizan y
mantienen la administración ilegal de los espacios, con cuotas diarias -a cada puesto- de entre 50 y
100 pesos por derecho de piso.
Se ha convertido en un jugoso negocio para unos cuantos líderes, evidentemente ligados a la
corrupción institucional. Por eso el ambulantaje se ha disparado durante los últimos años. A decir
de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tuxtla Gutiérrez, actualmente se estima la
existencia de más de cuatro mil comerciantes ambulantes ilegales en la capital chiapaneca,
principalmente concentrados en el centro de la ciudad.
El problema ha crecido un 30 por ciento durante los años recientes. De acuerdo a declaraciones de
los locatarios formalmente establecidos, la mayoría de los líderes del ambulantaje irregular que
operan en este perímetro de la capital ni siquiera son chiapanecos; la mayoría proviene de
entidades como Puebla, Ciudad de México y Estado de México. “Operan a los comerciantes bajo
su control, distribuyen su mercancía y negocian económicamente con las autoridades municipales
para evitar su desalojo”, aseguran.
El escenario también ha sido “caldo de cultivo” para actividades delincuenciales como el robo a
transeúnte o la estafa. Con la ausencia o complicidad de la autoridad municipal, la zona se ha
convertido en campo libre para la delincuencia y sus nuevas modalidades de operación más
complejas y organizadas. Apenas este fin de semana el articulista Leonel Durante fue despojado de
sus pertenencias, mientras era brutalmente golpeado por una turba de supuestos ambulantes, sin
que la autoridad hiciera algo al respecto.
Pero los casos similares que quedan en el anonimato son aún más. Por acción u omisión el
ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha entregado el control de la zona centro a las mafias del
ambulantaje. El tema que parece haberse convertido en un negocio redondo para los involucrados
ha dejado sola a la ciudadanía ante una nueva red de operación ilegal que sigue creciendo
peligrosamente y que, según información de la Canaco, ya se ha expandido a otras ciudades de la
entidad como Tapachula.
El fenómeno, que creció de manera descontrolada durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero y
fue solapada durante los gobiernos municipales subsecuentes, está hoy en manos de Carlos
Morales Vázquez. El actual presidente municipal no tiene otra forma de sacudirse las sospechas,
que aseguran la complicidad de su gobierno con las mafias, que aplicando una regulación tajante a
dichas redes ilegales antes que el problema sea más difícil de combatir, por el bien de Tuxtla y la
ciudadanía… así las cosas.
