En al menos 24 ocasiones en este gobierno, Ejército, Marina y Guardia Nacional han sido
objeto de ataques de población civil; política de abrazos, no balazos favorece esos actos:
experto
PORTAVOZ / AGENCIAS
El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido objeto de agresiones, maltratos e insultos
de la población civil en por lo menos 24 ocasiones durante el gobierno del presidente, Andrés
Manuel López Obrador, en diferentes episodios que se concentran en Michoacán, donde el
martes jóvenes afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nueva Italia corrieron a
militares que patrullan esta zona de la Tierra Caliente.
Con piedras, palos, palas, escobas, pobladores alentados por la delincuencia organizada,
huachicoleros y comuneros desafían constantemente a las Fuerzas Armadas mexicanas, que
tienen la instrucción del Ejecutivo federal de evitar los enfrentamientos, al grado de
desarmarlos y retenerlos en algunos casos.
De acuerdo con un conteo de eventos realizado por EL UNIVERSAL, el primer año de la
administración de López Obrador acumula el mayor número de ataques al personal militar,
con 9, entre ellos el de mayo de 2019 cuando personas al servicio del lugarteniente del CJNG,
Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias “Migueladas”, sometieron, retuvieron y desarmaron a un
grupo de militares en la comunidad de Zicuirán, del municipio de La Huacana, principal bastión
del mencionado capo.
En 2021 se contabilizaron 7 eventos; en 2022, 7; uno en 2020
La región de la Tierra Caliente de Michoacán es el epicentro de las agresiones de la población
civil contra el Ejército y la Guardia Nacional, con 7 eventos hasta el momento, según el conteo
elaborado por este diario.
Le siguen Oaxaca, con cuatro; Puebla, tres; Hidalgo, tres; Guerrero, dos; Estado de México,
uno; Querétaro, uno; Sonora, uno; Chihuahua, uno, y Sinaloa con uno.
“Hay un desgaste en cuanto a la función operativa y a la legitimidad de las Fuerzas Armadas y
su actuación, debido al aprovechamiento estratégico del crimen organizado derivado de la
política Abrazos, no Balazos, ellos ya saben que si presentan resistencia utilizando la población
civil, con logística contundente, el Ejército se va retirar”, consideró el especialista en temas de
seguridad, Ricardo Márquez Blas.
“Los grupos criminales ya identificaron y diagnosticaron que de la política de Abrazos, no
Balazos van a obtener muchos beneficios, uno de esos es el fortalecimiento del control
territorial a través de las agresiones contra los elementos de las fuerzas federales a sabiendas
de que no va a pasar nada y de que la instrucción que tienen es evitar a toda costa los
enfrentamientos”, añadió Márquez Blas.
Dos meses después de que López Obrador asumió la presidencia de la República, en enero de
2019, el Ejército mexicano sufrió la primera agresión de la población civil bajo la nueva
administración que impulsa una estrategia de seguridad basada en atender las causas de la
violencia y no en la guerra contra los cárteles.
De acuerdo con los registros, pobladores de Cuautlacingo, en Otumba, Estado de México,
insultaron, amenazaron y lanzaron piedras a militares que descubrieron a un grupo de
huachicoleros ordeñando ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando realizaban
recorridos de vigilancia por la zona.
Después de este hecho se desencadenó una serie de agresiones de la población civil contra el
Ejército, entre las que destacan la de mayo de 2019, en la que personas afines a “El Migueladas”, retuvieron, desarmaron, golpearon y humillaron a 14 militares de la Quinta
Compañía de Infantería, en la localidad de Zicuirán, perteneciente a La Huacana.
Tras lo ocurrido, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los elementos para
agradecerles y reconocer su “actitud serena y temple” ante lo ocurrido que “evitó pérdida de
vidas de gente inocente”.
En agosto del mencionado año, civiles con palas y escobas en mano corrieron al personal
militar que circulaba sobre la carretera Zamora-Los Reyes, por la detención de una sujeto que
trabajaba como Halcón para la delincuencia organizada.
Asimismo, en noviembre de 2020, cuando civiles encapuchados del municipio de Múgica
atacaron vehículos de un convoy militar que se dirigía a Apatzingán.
En julio de 2021, habitantes incitados por el Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron en el
cuartel del Ejército en Aguililla, Michoacán, y bloquearon los accesos para exigir la salida de los
soldados.
Dos meses después, pobladores de Coalcomán, también en Michoacán, lanzaron piedras y
palos a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en las instalaciones del cuartel de la
Secretaría de la Defensa Nacional en esa localidad de la Tierra Caliente.
En enero de este año, habitantes de Aguililla agredieron con piedras, palos y a golpes a
personal del Ejército, sobre la carretera Tepalcatepec-Coalcomán, a la altura de la población de
El Bejuco.
Para el experto en temas de Fuerzas de Armadas, Javier Oliva Posada, actualmente no se tiene
una visión de conjunto para abordar la situación del Ejército, Marina y ahora la Guardia
Nacional en las operaciones contra el crimen organizado en el país.
“Me parece que no ha habido una visión de conjunto para abordarlo, y que en ese sentido las
expectativas depositadas en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional son muy altas, pero
necesariamente necesitan tareas complementarias”, como el respaldo de las autoridades
locales cuando se presentan situaciones como la de Nueva Italia y otras que han ocurrido en
Michoacán.
“Sigue siendo una falta muy seria de este sexenio y de los anteriores, en términos de la
relevancia que tienen las corporaciones policiacas”.
En ese sentido, Oliva Posada advirtió que la ausencia de las corporaciones policiacas locales
coloca a las Fuerzas Armadas en una ruta muy peligrosa, en donde el desafío a la fuerza del
Estado, que son el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, por parte de los criminales las deja
demasiado expuestas.
En un hecho que impacto la semana pasada, fue el ocurrido en Marquelia, Guerrero, donde
sujetos encapuchados amenazaron a un mando de la Marina, al que amagaron con colgarlo en
un puente.
El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, refirió
que el Estado mexicano está obligado a cumplir la ley cuando hay un ataque de la fuerza
delincuencial, no en tolerar, justificar y solapar a los grupos criminales.
“Es decir, el Estado mexicano y las fuerzas federales y locales tienen la obligación de seguir
protocolos a la hora que actúan de manera tal que no se viole el debido proceso, que hay una
presunción de inocencia. Esos aspectos son los que deben guiar a las instituciones y que están
descritos en los protocolos de actuación, para los cuales se les capacita o se les debiera
capacitar adecuadamente a las autoridades”.
La región de la Tierra Caliente de Michoacán es el epicentro de las agresiones de la población
civil contra el Ejército y la Guardia Nacional, con 7 eventos hasta el momento, según el conteo
elaborado por este diario
