Se registraron nueve movimientos de desplazados a causa del conflicto entre grupos del crimen
organizado durante 2021
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El problema de inseguridad en todo el territorio mexicano va creciendo de forma exponencial y
esto repercute en aquellas zonas de difícil acceso que son pobladas en su mayoría por
comunidades indígenas; las disputas territoriales y conflictos políticos han ocasionado un gran
número de personas desplazadas de sus hogares.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),
ha monitoreado a diversos estados y municipios de México, los cuales presentan desplazados por
motivos de violencia y quienes ven afectado su estilo de vida, economía y su patrimonio; Chiapas
se encuentra dentro de los 10 estados con mayor efecto de abandono de tierras por la comunidad
indígena.
Durante enero y diciembre del año pasado, se visibilizaron algunas entidades federativas que
experimentaron 41 desplazamientos en ese lapso, estos son: Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas; lo que se traduce a un
total de 55 municipios y alrededor de 100 localidades dañadas por actos de violencia que ponían
en riesgo la integridad de sus habitantes.
Las cifras tuvieron un pico muy relevante en 2021, porque en 2020 se presentaron nueve mil 741
casos de desplazamientos forzados; en 2019 se contabilizaron ocho mil 664; en 2018 se reportaron
11 mil 491 eventualidades, y solo el año pasado se identificaron 28 mil 867 personas vulneradas.
La presencia de grupos delictivos en zonas donde las autoridades de los tres niveles de Gobierno
tienen difícil el acceso, hace que los pueblos originarios sean extorsionados, agredidos, reclutados
y vivan atemorizados, dado que, la disputa de territorios deja una cantidad exhorbitante de
fallecidos, al igual que la presencia de grupos paramilitares como ocurre en la entidad.
Asimismo, a finales del año pasado, en Chiapas se registraron nueve eventos de desplazamiento,
el cual dejó sin tierras y bienes a más de siete mil personas.
Un total de 55 municipios y alrededor de 100 localidades dañadas por actos de violencia que ponían en riesgo la integridad de sus habitantes
