Casi 50 años después del golpe de Estado contra Salvador Allende, el presidente Boric
anuncia un plan para terminar con una de las mayores deudas de la democracia chilena
PORTAVOZ / AGENCIAS
El 11 de septiembre de 2023 se cumplirán 50 años del golpe de Estado militar en Chile, que
derrocó al presidente Salvador Allende y dio inicio a 17 años de sangrienta dictadura de
Augusto Pinochet. El actual mandatario chileno, el izquierdista Gabriel Boric, en su primer
discurso a la Nación, el pasado 1 de junio, hizo mención a la fecha que le tocará liderar como
jefe de Estado. Junto con reflexionar que “aún son muchas las deudas que arrastramos”, pese
a que Chile ha llevado adelante políticas inéditas en el mundo en verdad y reparación a las
víctimas –como la Comisión Valech sobre prisión política y tortura–, Boric anunció que su
Gobierno “seguirá buscando incansablemente a los desaparecidos a través de un plan nacional
de búsqueda”.
“Estamos comprometidos con la verdad y la justicia”, aseguró Boric, que durante su campaña y
mandato ha tenido gestos múltiples hacia el Gobierno de la Unidad Popular de Allende y ha
puesto los derechos humanos como uno de los emblemas fundamentales de su mandato.
El plan lo llevará adelante el ministerio de Justicia, encabezado por la ministra Marcela Ríos.
Según las cifras elaboradas por la Unidad de Programa de Derechos Humanos en conjunto con
la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, las víctimas de desaparición
forzada son 1.469. Solo 307 cuerpos o restos óseos han sido identificados. En consecuencia,
1.162 personas siguen desaparecidas, a casi medio siglo del golpe de Estado.
Mientras en el mundo de los derechos humanos y de las familias de las víctimas existe la
convicción de que las Fuerzas Armadas y carabineros tienen información sobre su suerte y
destino, los uniformados lo niegan. En 2001, luego de una mesa de diálogo que reunió a las
instituciones castrenses, a las víctimas, a las iglesias y a la sociedad civil, los militares
aseguraron que muchos de los desaparecidos habían sido lanzados al mar, aunque luego se
comprobó que parte de esa información no era efectiva.
La psicóloga Elizabeth Lira, académica de la Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de
Ciencias Sociales 2017, recuerda que los Estados tienen la obligación de buscar a los
desaparecidos, según determina un documento de Naciones Unidas de 2019. “El anuncio de
Boric es cumplir con los acuerdos internacionales y las obligaciones del Estado”, explica la
académica, que ha tenido un papel relevante en instancias de búsqueda de verdad, como la
Mesa de Diálogo de 1999-2000 y la Comisión de Prisión Política y Tortura, entre los años 2003-2005.
Lira dice que el documento de la ONU que rige la búsqueda de desaparecidos establece
que “debe realizarse bajo la presunción de que está viva; respetar la dignidad humana; regirse
por una política pública”.
Para el abogado de derechos humanos Luciano Fouillioux, “Boric no tiene ninguna razón para
no impulsar una iniciativa de este tipo u otra similar, como ya han hecho otros gobiernos en
Chile desde 1990 en adelante (unos más y otros menos, pero todos han hecho algo en estas
materias, incluso el del propio Sebastián Piñera, de la derecha)”. Fouillioux enumera: Boric es
un presidente joven, de una generación posterior a los crímenes de la dictadura –pero
comprometida con estas materias–, cercano al mundo de las víctimas y que tiene en el eje de
su programa de Gobierno la temática de los derechos humanos, incluida en todos los
ministerios.
“Otra cosa es que resulte”, analiza el abogado de derechos humanos, que
representa a la familia del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) en el juicio que
busca esclarecer las circunstancias de su muerte. “A lo que él debería apuntar sería a hacer un gran acuerdo con las propias Fuerzas Armadas, porque, a lo mejor, se puede encontrar con
más de alguna sorpresa: los mandos actuales son totalmente distintos a los de 1973″, agrega
Fouillioux sobre las posibilidades de entrega de información sobre el destino de los
desaparecidos.
La propuesta del ministerio de Justicia incluye extender la campaña Una gota de sangre por la
verdad y la Justicia, que se refiere a la toma de muestras de sangre en todo el territorio para
completar la base de datos de fichas genéticas. Se busca elaborar un diagnóstico sistematizado
de toda la información ya recopilada que permita identificar las principales líneas de trabajo
que deben ser desarrolladas.
El Gobierno de Boric quiere identificar, a su vez, el abanico de nuevas tecnologías que pueden
ser utilizadas para el avance de las investigaciones dependiendo de las formas de desaparición
forzada o involuntaria. La idea, explica el texto desarrollado por la cartera de Justicia, apunta a
generar una propuesta metodológica y de procedimientos para el desarrollo del plan. La
Moneda, además, quiere convocar a una mesa de trabajo que reúna a los diversos actores
involucrados: la coordinación de los ministros en visita con dedicación exclusiva en la
investigación de estas causas, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, la Policía de
Investigaciones, la Unidad Programa de Derechos Humanos, familiares y agrupaciones de
víctimas, expertos.
Además, Boric quiere fortalecer la Unidad de Programa de Derechos Humanos con más
personal profesional multidisciplinario capaz de llevar adelante una política de búsqueda
administrativa. Lo mismo con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, con
el objetivo de “aumentar su capacidad instalada de análisis y revisión de los casos de interés
forense para el esclarecimiento del destino de las víctimas de desaparición forzada o
involuntaria”.
Los distintos gobiernos democráticos desde 1990 han realizado políticas importantes respecto
de las víctimas de la dictadura de Pinochet. El Gobierno de Patricio Aylwin llevó adelante la
Comisión Rettig, sobre la verdad de los muertos y desaparecidos. Luego, en el mandato de Frei
Ruiz Tagle, se instauró la Mesa de Diálogo, que representó el reconocimiento de los crímenes
por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. La Administración de Ricardo Lagos, en tanto,
configuró una comisión liderada por monseñor Sergio Valech sobre prisión política y tortura,
una iniciativa inédita en el mundo, que fue seguida de medidas de reparación vigentes hasta
hoy.
Boric quiere fortalecer la Unidad de Programa de Derechos Humanos con más personal
profesional multidisciplinario capaz de llevar adelante una política de búsqueda administrativa
