“En Chiapas hay un patrón de criminalización hacia defensores comunitarios de derechos
humanos que se enfrenta a una permanente injusticia legalizada”, mencionan en
pronunciamiento
YUSETT YAÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Diversos grupos defensores de los derechos humanos se pronunciaron en contra de la
violencia que impera en el estado, debido a que han sido víctimas de amenazas y y agresiones,
por lo tanto, vuelven a alzar la voz.
“Manifestamos nuestra preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y
vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas,
principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio”.
En un pronunciamiento señala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
donde destaca que América Latina es una de las regiones más peligrosas para el ejercicio de las
personas defensoras, apuntando que en México se ha registrado el asesinato de tres personas
defensoras de derechos humanos.
Además de recordar que no sólo son los defensores de derechos humanos, sino de
comunicadores que se han visto afectados en esta ola de violencia.
“En lo que va del sexenio del actual Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), suman 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados por
hechos vinculados a autoridades gubernamentales y a particulares, estos últimos actúan con la
aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano, lo que demuestra que durante el Gobierno
de AMLO hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta
de independencia judicial”, señalaron.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y organizaciones religiosas,
señalaron que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente contra las violaciones
de los derechos humanos, por lo consiguiente, no debe ser obstaculizada, intimidada y
criminalizada.
A pesar de las recomendaciones internacionales, México sigue sin detener las situaciones de
crisis de violaciones a derechos humanos expresadas en desapariciones forzadas,
desplazamientos forzados o tortura.
De acuerdo a la documentación del Frayba en Chiapas, la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía
Indígena) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente perpetrador de
criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de pueblos
originarios.
“El sistema penal está siendo utilizado de manera facciosa para reprimir y castigar las voces
que defienden la tierra y el territorio, reclaman justicia o promueven los derechos de todas y
todos. La Guardia Nacional continúa consolidándose como un órgano conformado por
personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza
los territorios de los pueblos y comunidades”.
A estos injustos actos los defensores de derechos humanos piden al Estado mexicano la
protección de la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos
humanos garantizando un ambiente propicio y seguro para esta labor.
“Exigimos el reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos
representa frente a la grave crisis de derechos humanos en México, exigimos se adopten las
medidas necesarias para remediar la situación de las personas defensoras privadas
arbitrariamente de la libertad, otorgándola de manera inmediata evitando se siga violentando
sus derechos humanos”.
Por ultimo, señalan la alta preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en
el territorio de Chiapas, específicamente de las acciones criminales y de impunidad que se vive
en San Cristóbal de Las Casas, bajo la clara tolerancia e inacción de las autoridades de los tres
niveles de Gobierno, por lo que exigen garanticen la seguridad e integridad personal de todas y
todos los habitantes de Chiapas.
Exigen los grupos se adopten las medidas necesarias para remediar la situación de las personas defensoras privadas arbitrariamente de la libertad
