El desplazamiento forzado suscita en medio de una crisis de inseguridad y migratoria en el
país
PORTAVOZ / AGENCIAS
La violencia y los conflictos armados han provocado el desplazamiento forzado de 379 mil
personas al interior de la República mexicana.
Así lo dio a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el nuevo “Manual
sobre desplazamiento interno”, elaborado en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Según este último, para finales del 2021, en el mundo se registró el desplazamiento interno de
53 millones de personas por conflictos armados. En tanto, el Observatorio de Desplazamiento
Interno calcula que, en el mismo corte, había más de 370 mil afectados en México y 23
víctimas por desastres.
“El desplazamiento interno puede generar múltiples impactos y violaciones a los derechos de
las personas afectadas”, advirtió Josep Herreros, representante asistente para protección de
Acnur en México.
La Acnur y el CICR destacaron que “México ha tomado los primeros pasos para el abordaje
integral del desplazamiento interno” desde que el Gobierno reconoció por primera vez en
2019 la ocurrencia del desplazamiento forzado interno a nivel nacional.
Derivado de ello es que entidades como Chiapas, Guerrero y Sinaloa han elaborado leyes
estatales en la materia. En tanto, en estos dos últimos, aunado con Sonora, se ha tipificado el
desplazamiento arbitrario como delito.
“Cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados u
otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos”, expresó Miguel
Ramírez, jefe de operaciones del CICR en México.
“Las personas desplazadas no han cruzado una frontera internacional y, por lo tanto, el propio
Estado tiene la obligación de protegerlas. Ahí juega un rol importante el Poder Judicial”.
Pese a dichas cifras, la realidad es que son pocos los casos que se han judicializado en territorio
mexicano. Esto, en razón a las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las víctimas, tales
como la falta de información, documentación o asesoría jurídica.
El desplazamiento interno es un reflejo de la violencia que día a día causa en estragos a lo
largo del país; los cuales son reflejados en las cifras oficiales del Gobierno Federal.
Y es que, no suficiente con demostrarse que mayo cerró como el mes con más homicidios
dolosos del 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también reconoció
un incremento de este delito en cuatro de los seis estados más violentos: Guanajuato, Estado
de México (Edomex), Baja California y Sonora.
Bajo ese tenor, Guanajuato volvió a posicionarse como la entidad con más homicidios dolosos
al acumular mil 292 víctimas, siendo el mes pasado el más violento con 299 incidencias, 72
más que las reportadas en abril.
Cabe recordar que fue en la entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez donde, el 23 de
mayo pasado, un grupo de sicarios masacraron a 12 personas en Celaya- uno de los
“municipios prioritarios” que también incrementó en asesinatos, pasando de 151 a 202
crímenes.
Aunado a ello, los más de 370 mil desplazados ocurren en medio del flujo migratorio récord
hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó
a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, de
los que más de una cuarta parte eran mexicanos.
Derivado de ello es que entidades como Chiapas, Guerrero y Sinaloa han elaborado leyes
estatales en la materia. En tanto, en estos dos últimos, aunado con Sonora, se ha tipificado el
desplazamiento arbitrario como delito
