La población migrante de manera constante sufre vulneración a sus derechos humanos por
las autoridades migratorias
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Los actos deshumanizados cometidos contra los migrantes y la corrupción que impera en las
instituciones de migración fueron condenados por el representante de la organización Pueblos
Sin Fronteras, Irineo Mujica.
El accidente que sucedió hace una semana en el tramo carretero Ocozocoautla-Las Choapas
fue el detonante para que la organización hiciera un llamado a las autoridades
gubernamentales, porque los abusos contra las personas en situación de movilidad están a la
orden del día, al igual que ocurrió con los 30 indocumentados que viajaban en la camioneta de
tres toneladas y mismos que fueron vulnerados por elementos de la Guardia Nacional (GN).
Mujica indicó que es visible la colaboración del crimen organizado, el Instituto Nacional de
Migración (INM) y aquellos que se dedican al traslado ilegal de personas, por lo tanto, el
Estado debe enfocarse en sancionar y detener a los implicados en estos delitos.
También señaló que los únicos afectados son los extranjeros, dado que se han reportado
varios casos de feminicidios, asaltos, reclutamiento forzado, extorsión por mencionar las faltas
más graves y que no es cuestión de qué grupo parlamentario tiene el poder, al contrario, es un
trabajo en equipo, a fin de defender los derechos humanos en el país.
En ese contexto, el vocero de Pueblos Sin Fronteras, declaró que la seguridad de los migrantes
recae en el comisionado Alfonso Garduño y la delegada Paola López Rodas, ambos
desempeñan labores en el INM.
Por otra parte, Mujica enfatizó la cantidad de dinero que se mueve de forma ilegal con el
tráfico de indocumentados, mismo que ha ocasionado pérdidas humanas y es importante que
las autoridades frenen este comportamiento y no sea ignorado.
Asimismo, explicó que el Gobierno de Estados Unidos se encuentra en una labor de
investigación sobre los 50 extranjeros fallecidos en un tráiler, no obstante, en México continúa
un ambiente de impunidad.
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El Estado debe enfocarse en sancionar y detener a los implicados en estos delitos
