Durante la visita de la representante del órgano, observó una favorable colaboración y
cooperación en la búsqueda de la resolución de los conflictos territoriales
MIROSLAVA HERNÁNDEZ/PORTAVOZ
Luego de que hace dos semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDH), diera a
conocer que representantes del órgano realizarían una visita al estado de Chiapas con el fin de
evaluar las medidas de protección emitidas para garantizar la seguridad de los habitantes de
Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, mismas que fueron dictaminadas por la mencionada
organización, se dio a conocer en fechas recientes que posterior a la supervisión dirigida por la
relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas, Esmeralda Arosemena de Troitiño, ésta
manifestó que como resultado a la visita realizada los días 12 y 13 de julio a las comunidades
envueltas en el conflicto territorial, logró observar una positiva colaboración y cooperación para
buscar la resolución del problema agrario, así como la labor de la sociedad civil y de la Iglesia en la
atención humanitaria y labores de pacificación.
Asimismo, detalló que durante los recorridos realizados, recibieron testimonios de la población,
quienes delataron vivir con miedo por la violencia, la cual impacta en la vida de las mujeres, niñas
y niños. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba),
explicó que el Estado tiene la obligación de redoblar esfuerzos para poner fin a la violencia,
reparar daños a las víctimas y reconstruir un tejido social que está demandando paz.
Por otro lado, la representante de la CIDH indicó que el órgano ha identificado en ambos asuntos
la existencia de conflictos agrarios entre pueblos indígenas tsotsiles de distintas comunidades, que
datan desde varias décadas, por lo que ante este panorama, la organización ha sido receptora de
múltiples quejas por hechos de violencia, los cuales han dejado como saldo personas fallecidas,
lesionadas, al igual que una serie de desplazamientos forzados de las comunidades en la zona.
Pese a esto, la CIDH reconoció el compromiso de las autoridades del Estado mexicano en lo que
respecta al cumplimiento de las medidas cautelares, en la adopción de determinaciones con miras
a solucionar la problemática y en la búsqueda de mejorar el diálogo con las comunidades para
retomar la confianza de éstas.
Aunado a ello, agradeció a los representantes de las comunidades beneficiarias y al Frayba por su
disposición, acompañamiento y sus esfuerzos en la organización de la visita, al igual que en el
acercamiento de las personas beneficiarias a la Comisión y agregó que continuarán con el
seguimiento de la implementación de las recomendaciones efectuadas en favor de la protección
de las comunidades a través de diferentes mecanismos.
Por último, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH y participante en el recorrido de
evaluación de medidas cautelares, afirmó que con dicho actoobservaron una notable coordinación
de esfuerzos por parte de los tres niveles de Gobierno, sin la que los avances no serían viables
debido a la complejidad de la problemática.
Continuarán con el seguimiento de la implementación de las recomendaciones efectuadas en favor de la protección de las comunidades
