Son más de 100 ex-empleados los que han muerto en estas décadas esperando recibir su
indemnización
MIROSLAVA HERNÁNDEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El pasado lunes 11 de septiembre, un grupo de extrabajadores de la planta en donde se producía
la mosca estéril para combatir al gusano barrenador del ganado, llevaron a cabo una movilización
frente al Congreso del Estado de Chiapas para reclamar que a 24 años de haber sido despedidos
de la empresa, no han recibido el pago correspondiente a sus liquidaciones, motivo por el cual,
protestaron para pedir a las autoridades federales una audiencia con el presidente Andrés Manuel
López Obrador, a través de la cual puedan exponerle su caso y buscar soluciones a éste.
Respecto a esta situación, Rosell Méndez Cruz, portavoz del grupo de manifestantes, compartió
para los medios de comunicación que el 15 de abril del año 1999, alrededor de 500 trabajadores
fueron despedidos de manera injusta, cuyo juicio se basa en que fueron destituidos de sus puestos
mediante una serie de engaños, razón por la cual, a más de dos décadas de estos sucesos
mantienen una lucha para ser liquidados conforme lo indica la ley.
Por otro lado, detalló que el grupo de manifestantes en cuestión eran empleados de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), quienes mantenían
un contrato como trabajadores de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano
Barrenador del Ganado (COMEXA), cuya institución operaba mediante un acuerdo binacional
entre los gobierno de México y Estados Unidos, motivo por el cual el 80 por ciento de sus sueldos
provenía del Gobierno estadounidense, no obstante, al momento de la ruptura de la relación
laboral su despido no fue tomado en cuenta.
Sumado a este reclamo, demandaron investigación y justicia contra servidores públicos mexicanos
y norteamericanos, debido a que la radioactividad provocada en la planta ocasionó graves
afectaciones a la salud de decenas de empleados, tales como muertes, cáncer, ceguera y
amputaciones.
Asimismo, indicaron que por el tiempo transcurrido, más de 100 exempleados han fallecido a la
espera de su liquidación y temen que la mayoría al ser personas de la tercera edad corran con la
misma suerte, y no tengan cómo solventar sus gastos.
Por último, lamentó que a pesar de que la Junta de Conciliación y Arbitraje dictó en mayo del año
2000 un laudo en el cual sentenció que los extrabajadores debían ser reinstalados y se les debía
respetar su antigüedad, este dictamen ha sido ignorado y se encuentran en el mismo punto que
hace 24 años.
