Durante los últimos años, organizaciones criminales han sumido en terror a la población de
Frontera Comalapa, ocasionado desplazados en frontera sur
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Los enfrentamientos armados que se registran en las comunidades que conforman a Frontera
Comalapa se intensifican, esto provoca una ola de violencia e inseguridad para la ciudadanía,
quienes afirmaron que hasta la fecha el Estado no ha impulsado un plan integral de atención que
ofrezca garantías de seguridad a la población civil.
Los altercados se duplicaron a raíz del presunto asesinato de un miembro de las organizaciones
criminales el pasado 7 julio de 2021. Después de ello, las hostilidades se desencadenaron a lo largo
y ancho de la entidad; sin embargo, la disputa por el control de la región frontera se mantiene al
igual que las amenazas, extorsiones, secuestros y desapariciones a autoridades comunitarias.
Las secuelas que dejaron los enfrentamientos entre organizaciones rivales fueron equiparables a
una zona de guerra, dado que el despliegue de armamento de alto calibre se hizo visible, desde
explosiones de granadas, drones artillados hasta vehículos blindados. La intervención de las
autoridades de seguridad se hizo presente una vez que los altercados disminuyeron.
Otro de los efectos que ha generado la violencia en Frontera Comalapa es el desplazamiento de
tres mil 500 habitantes, quienes abandonaron sus tierras y bienes materiales con la intención de
salvaguardar su propia integridad física y la de cada miembro de sus familias; adicional, parece que
el tiempo en la demarcación territorial se pausó, debido a que escuelas, comercios, servicios de
salud y transporte frenaron sus actividades por la inseguridad.
En ese contexto, las Fuerzas Armadas del estado no lograron capturar a ningún responsable de los
atentados cometidos ante la ciudadanía. Ante la imposibilidad del Gobierno por controlar la
delincuencia organizada en la región, la inseguridad se ha expandido a comunidades aledañas
como Chicomuselo y La Trinitaria.
Por ello, los pobladores de Frontera Comalapa exigen al Estado iniciar una serie de investigaciones
para identificar a los grupos delictivos que controlan el área en cuestión; detener la criminalización
y reconocer a los desplazados como víctimas, al igual que crear mecanismos de ayuda humanitaria
que cubran las necesidades básicas de los afectados como la salud mental, alimentaria y sanitaria.
