La comisión designada realizará trabajos en cárceles, comisarías de la policía e instituciones para
menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial
MIROSLAVA HERNÁNDEZ/PORTAVOZ
En días recientes, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos emitió un comunicado a través del cual anunció que un grupo de trabajo de la ONU,
especializado en Detención Arbitraria, visitará México para evaluar la situación de la privación de
la libertad en diversas partes del país.
Como parte de esta gira, la comisión designada por la ONU arribará a ciudades como Nuevo León,
Chiapas y Ciudad de México, en donde, de acuerdo a lo que informaron, se reunirán con los
respectivos representantes de las instituciones gubernamentales que serán visitadas, al igual que
con comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y actores interesados en
el tema.
Para dichos trabajos se designó una delegación de personas expertas, la cual está integrada por
Matthew Gillet, Ganna Yudkivdka y Miriam Estrada Castillo, quienes dieron inicio a los trabajos
ayer lunes 18 de septiembre, concluyendo el próximo 29 del mismo mes.
Asimismo, detallaron que las supervisiones se realizarán específicamente en lugares de privación
de la libertad, como cárceles, comisarías de la policía e instituciones para menores, migrantes y
personas con discapacidad psicosocial.
Una vez la evaluación concluya, este grupo de trabajo en conjunto con demás expertos en el tema
efectuarán una conferencia de prensa el último día de la gira, es decir, el viernes 29 de septiembre
a la una de la tarde, desde el Salón de Conferencia Prebisch de la CEPAL México.
Por último, el organismo adelantó que el informe final será presentado ante el Consejo de
Derechos Humanos en septiembre de 2024.
En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), presentó
la campaña “Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas”, a
través de la cual exigen la libertad inmediata de personas defensoras acusadas de delitos que no
cometieron.
Al mismo tiempo y como parte de esta lucha, acusaron que en el estado existe un patrón
sistemático de criminalización hacia defensores indígenas, en el cual se han observado ciertas
características que van desde la colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Chiapas, al
igual que la complicidad con la Fiscalía de Justicia Indígena, a quien culpan de utilizar el control de
los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y
autodeterminación.
Además de acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, testigos
falsos, al igual que la participación de autoridades comunitarias y privaciones arbitrarias a la
libertad.
