La solicitud se realizó tras observar un uso indebido del sistema penal, el cual, acusaron se ha
empleado para criminalizar a activistas
MIROSLAVA HERNÁNDEZ/PORTAVOZ
En días recientes, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México en conjunto
con una comisión de trabajo, arribaron al municipio de San Cristóbal de Las Casas, esto con el
objetivo de presentar en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) los
resultados del informe “Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra,
territorio y medio ambiente”, estudio a través del cual informaron sobre el contexto chiapaneco
en cuestión de la criminalización contra quienes defienden la naturaleza.
En este sentido, la representante de la organización informó que los datos recabados en toda la
República Mexicana apunta a que en el país se hace uso indebido del sistema penal, el cual,
lamentablemente ha sido empleado para criminalizar a las personas defensoras del medio
ambiente.
Asimismo, detalló que en lo referente al caso particular de este tipo de activistas, se ha observado
que existe un patrón en el que el Estado mexicano utiliza el sistema penal para mantener a las
personas criminalizadas durante mucho tiempo, cuya situación es totalmente inaceptable.
De esta manera, al tenerse documentados varios casos alrededor de la República Mexicana, hizo
un llamado a la Presidencia de México, esto a fin de exigirle que se abstenga a usar a la Guardia
Nacional para contener protestas, al igual que realice el reconocimiento público de la labor de las
personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Por otro lado, detalló información respecto al panorama estatal, dando a conocer que en territorio
chiapaneco existen dos casos documentados de personas defensoras del medio ambiente, a las
cuales se les ha criminalizado por su labor, uno de ellos, indicó, es el de la colonia Maya, en donde
desde hace dos años han mostrado resistencia ante la destrucción de su zona de protección,
mientras que el otro involucra a defensores de Chilón.
Debido a estas lamentables circunstancias en las que el Estado sólo ha actuado en contra de
quienes realizan estas labores en la entidad, mediante la represión política, exigió el retiro de la
base de la Guardia Nacional que se encuentra instalada en el municipio de Chilón, en donde,
acusó, fue construida sin el consentimiento del pueblo indígena tseltal, por ello, reclamó que se
repare el daño a las personas cuyos derechos fueron violentados en las protestas realizadas para
impedir su edificación.
