En la Mira
Héctor Estrada
Entre episodios de violencia que no se detienen, organizaciones no gubernamentales (ONG´s) que
trabajan en la frontera entre Chiapas y Guatemala hicieron un nuevo llamado de solución urgente
a la situación que actualmente tiene en medio de enfrentamientos constantes, ejecuciones,
bloqueos carreteros, extorsiones y desapariciones a numerosos municipios chiapanecos de la
región fronteriza, sin que el despliegue militar en la zona haya servido de mucho.
Fue la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG),
integrada por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Red por los Derechos de la Infancia en
México (REDIM), la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y la
Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja, quien denunció esta vez “la violencia
sistemática que sigue escalando” en la región.
Señaló que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia
organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y
comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de
atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de
esa, y otras comunidades de la región.
La organización, detalló que, aunque la presencia de grupos criminales no es nueva en la zona, la
violencia armada tuvo un punto de quiebre el 7 de julio de 2021 luego de que uno de los
principales líderes de los cárteles que operan en la región fue abatido en la capital chiapaneca.
Desde entonces, señalaron que las desapariciones y enfrentamientos desproporcionados en la
zona se han convertido en una constante.
Y es que, el episodio reciente de mayor violencia se registró el pasado 23 de mayo, justamente en
la comunidad Lajerío, cuando luego de la desaparición de autoridades ejidales se desató un
enfrentamiento que se prolongó por cuatro días, sin que el ejército y la Guardia Nacional hicieran
presencia, convirtiendo a la región en una zona de guerra total, con reclutamientos forzados,
despojos, ocupaciones violentas y asesinatos de civiles inocentes.
Desde entonces las organizaciones han contabilizado el desplazamiento forzado de al menos tres
mil 500 personas. Tan sólo durante las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes,
agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de
Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero,
Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia
de personas armadas.
Alertaron que la población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de dos
años, actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales. La circulación de personas y
vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos. “Hasta la
fecha, no hay ninguna persona detenida; la presencia de las fuerzas federales tampoco ha
implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las
extorsiones y las amenazas continúan”, denunciaron las organizaciones civiles.
A decir de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México, el
despliegue y la presencia de la Guardia Nacional no han significado ninguna garantía de paz, por lo
que las organizaciones no sólo demandaron atención inmediata a la violencia sistemática, sino
también “una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos
territorios, que garantice finalmente la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y
largo plazo”… así las cosas.
