El defensor se ha caracterizado por denunciar a grupos delictivos, abusos por la autoridad y trata
de personas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Están por cumplirse dos años desde la privación de la libertad del defensor de los derechos
humanos, Versaín Velasco, quien desde el 10 de enero de 2022 se encuentra recluido en el Centro
Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 16 en Ocosingo, después de
denunciar el abuso de poder cometido por las autoridades contra cinco jóvenes, a quienes se les
inculpó de manera arbitraria por robo.
En un comunicado compartido por diversas redes sociales, el activista anunció que iniciaría una
huelga de hambre, con el objetivo de presionar a las instancias gubernamentales y reintegrarlo a
la sociedad sin persecución política, ni hostigamientos para él y sus familiares. En su
manifestación, diversas organizaciones civiles y activistas se han unido a su causa.
Velasco sufrió un intento de linchamiento como primera agresión el 15 de diciembre de 2021. La
víctima señaló que dichas acciones fueron ejercidas por grupos de corte paramilitar, quienes iban
acompañados de dos policías comunitarios y autoridades de Nueva Palestina. Logró escapar, pero
su esposa e hijos fueron detenidos por siete días en la cárcel comunitaria, a quienes se les imputó
los delitos de robo.
No obstante, los actos de opresión no cesaron ahí, al día siguiente, las autoridades de Nueva
Palestina junto a 300 personas armadas agredieron a los familiares de Versaín Velasco, mismos
que recibieron daño físico, despojo de sus hogares y de acuerdo con algunos reportes, dos
mujeres fueron víctimas de abuso sexual.
En ese sentido, 33 personas resultaron expulsadas de la demarcación territorial de Ocosingo y un
desaparecido, del cual hasta la fecha se desconoce su paradero. Versaín fue encarcelado el 10 de
enero del año pasado, mientras realizaba su declaración por el desplazamiento forzado en la
Fiscalía Indígena de San Cristóbal de Las Casas.
Las organizaciones civiles reprobaron las acusaciones de homicidio en grado de tentativa contra el
defensor de derechos humanos y exigieron la liberación del preso político, al igual que retirar los
cargos prefabricados por las instancias de justicia locales y la atención inmediata para las cinco
familias desplazadas desde 2021.
