El estado es primer lugar por indicadores de pobreza en la niñez con 82 por ciento del total
de su población de 0 a 17 años
ARGENIS ESQUIPULAS/CORTESÍA
FOTO: JACOB GARCÍA
El estado de Chiapas enfrenta una preocupante realidad en cuanto al trabajo infantil, reveló
Antonio Benavides, coordinador de la Organización Internacional del Trabajo y accionar en la
lucha contra el trabajo infantil y forzado. Según datos de 2019, Chiapas registró la labor de 3.9
millones de niños, aunque para el 2022 esta cifra descendió levemente a un 3.7 por ciento,
marcada por los efectos de la pandemia.
Sin embargo, la tasa de trabajo infantil en Chiapas se mantiene en un alarmante 20 por ciento,
superando la media nacional en estadísticas preocupantes. Esta situación refleja la urgente
necesidad de implementar acciones efectivas para proteger los derechos de los niños y
garantizarles un entorno propicio para su desarrollo integral.
En los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, se ha registrado el mayor índice de
menores que se ven obligados a trabajar, a pesar de que la Constitución prohíbe esta práctica
para aquellos menores de 15 años. Estos niños y niñas luchan por sobrevivir mientras trabajan
en condiciones adversas, privándose de la oportunidad de una infancia plena y de una
educación adecuada.
María, una niña de tan solo 10 años, vende dulces en uno de los cruceros al sur de la ciudad.
Con una mirada triste en sus ojos, nos cuenta que tuvo que empezar a trabajar después del
fallecimiento de sus padres hace un par de años. A pesar de su deseo de jugar y divertirse
como otros niños de su edad, María trabaja los fines de semana para poder comprarse una
muñeca. Bajo el implacable sol que rebasó los 29 grados al mediodía, María y sus dos
hermanos se esfuerzan por vender golosinas en los semáforos, logrando recaudar entre 100 y
150 pesos.
Otro caso similar es el de Natalia, también de 10 años, quien trabaja en el negocio familiar los
fines de semana en Torres Lindavista. Aunque asiste a la escuela, Natalia comenta que prefiere
trabajar y que no entiende mucho de sus estudios. La falta de comprensión y la necesidad
económica la llevan a priorizar el trabajo sobre la educación.
Lamentablemente, la situación de María y Natalia no es un caso aislado en México. Según
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2019, se estima que más de
3.9 millones de niños y adolescentes trabajan en el país. Además, la pandemia de covid-19 ha
exacerbado esta problemática, sumando 180 mil casos adicionales.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, la
organización Save The Children ha publicado un informe alarmante. Según el informe, la
mayoría de los niños y adolescentes que trabajan en México comenzaron a hacerlo entre los
seis y nueve años. Además, el 95 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 17 años trabajan en el
sector informal.
El informe también destaca que los estados con las peores condiciones de trabajo infantil son
Chiapas, Oaxaca y Michoacán. En estas regiones, se combinan altas tasas de informalidad
laboral, subocupación y ocupación en sectores de riesgo como la agricultura, la construcción y
la manufactura (maquilas). Por el contrario, los estados con los menores índices de trabajo
infantil son Baja California Sur, la Ciudad de México y Nuevo León.
A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo estima que 28 millones de niños y
niñas son explotados como mano de obra infantil, y el 71 por ciento de ellos trabajan en la
agricultura.
La erradicación del trabajo infantil es un desafío urgente que requiere la atención y la acción
conjunta de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y la propia comunidad. Es
necesario garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, promoviendo su
educación, bienestar y protección. Solo así podremos ofrecerles un futuro digno y la
oportunidad de ser lo que desean ser: niños, jugar, divertirse y soñar con un futuro
prometedor.
En la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, en Chiapas hay 603 mil 900
menores que realizan algún trabajo, esto, a pesar de las mesas que han instalado las
autoridades para erradicar el trabajo infantil en territorio chiapaneco.
Chiapas pelea el segundo lugar de trabajo infantil con el estado de Puebla, que ocupa el
segundo lugar con el 20.8 por ciento de la tasa laboral de las niñas, niños y adolescentes (NNA)
de 12 a los 17 años de edad.
Chiapas detenta el primer lugar en indicadores de pobreza en la niñez, con 82 por ciento del
total de su población de 0 a 17 años. Esta entidad federativa históricamente ha mostrado
profundos rezagos sociales, la mayoría de su población tiene escaso acceso a las condiciones
mínimas para el logro del bienestar, además de experimentar día a día la discriminación por
clase, género y etnia, que abona a profundizar su vulnerabilidad social.
EL TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS
Chiapas registra una tasa de participación laboral de Niñas, niños y adolescentes (NNA) de 12.8
por ciento, superando la tasa nacional de 11 por ciento. La tasa de participación laboral en la
entidad aumentó más de dos puntos porcentuales entre 2015 y 2017.
En este sentido, las políticas públicas deberían partir del reconocimiento del papel de los
hogares en la dotación de NNA a los mercados de trabajo, puesto que ponen en práctica
estrategias para garantizar su supervivencia material y hacer frente a las presiones económicas
y a la precariedad laboral que enfrentan los adultos, y que se expresa en la insuficiencia de
ingresos.
De las 196 mil 909 personas de 5 a 17 años que se encuentran ocupadas en alguna actividad
económica, 65.6 por ciento son hombres y 34.4 por ciento mujeres. La tasa de participación de
los hombres es de 17 por ciento, mientras que la tasa para las mujeres es de 8.7 por ciento. Un
niño chiapaneco entre los 5 y 17 años de edad tiene mayor probabilidad de trabajar que una
niña chiapaneca entre estas mismas edades.
Estas diferencias son un reflejo de los roles sociales de género. La tasa de ocupación femenina
en estas edades responde a su mayor ocupación en tareas domésticas, tanto en su hogar como
en hogares de terceros; que históricamente han sido invisibilizadas y escasamente declaradas.
La participación de NNA en el trabajo crece a medida que aumenta su edad; sin embargo,
puede estar oculto y subestimado el trabajo doméstico de las niñas más pequeñas, quienes
sustituyen a los hermanos mayores cuando estos ingresan a la escuela o al trabajo fuera del
hogar.
La mayor parte de NNA, 70 por ciento, trabaja en el sector agrícola, 19.8 por ciento en el
sector comercio y servicios, y 10.1 por ciento en la industria y construcción. Al desplegar los
datos por sexo los resultados son diferenciados. Poco más de siete de cada diez niños (77.9 por
ciento) realizan labores agropecuarias, en tanto que seis de cada diez niñas (61.7 por ciento)
trabajan en el sector servicios, como comerciantes en el sector informal, en comercios
establecidos o en el servicio doméstico.
EL SIGNIFICADO DEL TRABAJO
Además de la pobreza y las necesidades económicas, hay otras causas detrás del trabajo
infantil. En el ámbito rural y en las familias indígenas se considera que el trabajo es benéfico
para el sano desarrollo de NNA, ya que los sitúa frente a responsabilidades, los ayuda a
madurar y les aporta una experiencia de aprendizaje que difícilmente podrían obtener en la
escuela, la casa o en el espacio recreativo.
Los padres y madres ven el trabajo como una importante alternativa frente al ocio y
consideran que desde edades tempranas NNA deben aprender a ganarse la vida y el sustento
cotidiano. Muchos piensan que una de las mejores herencias para sus hijos e hijas es el
aprendizaje de un oficio o actividad laboral que les asegure sustento en el futuro.
LAS MOTIVACIONES
Según la encuesta antes referida, en Chiapas 40.3 por ciento de NNA tienen como motivación
principal para trabajar “aprender un oficio”, le sigue “el hogar necesita su trabajo” con 24 por
ciento. Otras motivaciones son “el hogar necesita de su aportación económica” (10.7 por
ciento) y “para pagar su escuela y sus propios gastos” (10.4 por ciento), mientras que “por
gusto o solo por ayudar” y “pago de deudas, no estudia y otra razón” aparecen en último lugar
con 7.2 por ciento cada uno.
Para las niñas es más importante trabajar porque “el hogar necesita de su trabajo” (28 por
ciento). La razón “para pagar su escuela y/o sus propios gastos” es mayor para ellas que para
los niños (12 por ciento vs 10 por ciento), lo que muestra que las niñas tienen menores
posibilidades de que la familia asuma los gastos relacionados con su escolaridad.
Paralelamente, se observa que “aprender un oficio” es más importante para los niños (45.2
por ciento) que para las niñas (5.8 por ciento), lo que da cuenta nuevamente de la incidencia
de los roles de género. Aprender un oficio está más vinculado a generar ingresos y convertirse
en proveedores, por lo regular en empleos fuera del entorno del hogar, lo que contrasta con el
motivo más importante para las niñas que está relacionado con el espacio privado, trabajar
para el propio hogar que necesita su trabajo.
Estos datos muestran la complejidad social que se presenta alrededor de la realidad de los
NNA que trabajan. Los responsables de las políticas públicas encaminadas a asegurar el
bienestar a la niñez chiapaneca deben hacer un esfuerzo por dejar de criminalizar a las familias
de estos NNA e ir más allá de las estrategias de erradicación y tolerancia cero, a fin disminuir el
riesgo de negarles el derecho a desarrollarse como agentes de su trayectoria de vida.
Para muchos NNA chiapanecos, en su mayoría indígenas, la prohibición del trabajo infantil
podría significar la diferencia entre ir o no a la escuela, pues solo trabajando pueden enfrentar
los gastos que ello genera. En este sentido, atender otras necesidades básicas como la mejora
de las condiciones de pobreza de los hogares, la mayor regulación de los mercados de trabajo
agrícola y la protección de aquellos NNA que trabajan redundaría en mejores resultados a
corto y largo plazo.
Por otro lado, de los 28.5 millones de población infantil de 5 a 17 años, 2 millones no asisten a
la escuela, cifra equivalente al 7 por ciento, de este el 26.1 por ciento trabajan en ocupación
no permitida, 2 por ciento en ocupación permitida y 72 por ciento son no ocupados.
Las principales razones, por la que, no asistencia a la escuela, son la falta de interés, aptitud o
requisitos para ingresar a la escuela, la falta de recursos económicos, y por el trabajo.
Cabe destacar que en un 8.3 por ciento dejaron de estudiar por cuestiones de embarazo,
matrimonio o unión, y motivos familiares.
En el quehacer doméstico en condiciones no adecuadas, es decir, las actividades dedicadas a la
producción de bienes y servicios para los miembros del hogar sin remuneración que afectan la
salud o integridad física de quienes las realizan, la ENTI estimó que un total de 1.5 millones de
personas de 5 a 17 años que realizan esta actividad.
Durante su visita en México, la subsecretaria del Trabajo de Estados Unidos, Julie Su, anunció
la inversión por 28 millones de dólares (MDD) para combatir el trabajo infantil y forzado, así
como fortalecer los derechos de los trabajadores mexicanos en el norte y sur del país.
De acuerdo con la subsecretaria Su, se destinarán 5 millones para frenar el trabajo infantil, el
trabajo forzoso y las condiciones laborales que no son óptimas para los trabajadores en Baja
California, Baja California Sur y Chihuahua, a través de la Social Accountability International.
Asimismo, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo se creará un
proyecto de 13 mmd para combatir el trabajo infantil en el sur de México, principalmente en
Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. También se buscará reducir la trata de personas con países
de Centroamérica.
De igual manera, se otorgará un monto de 10 mmd para la organización internacional
Solidarity Center, con el fin de “fomentar la democracia sindical y fortalecer la representación
de los trabajadores”. De esta manera se busca mejorar los convenios colectivos para el
aumento de salarios y las condiciones laborales en el sector industrial.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), en 2019 había cerca de 3.3
millones de niñas y niños de 5 a 17 años que se encontraban en condiciones de trabajo infantil
en México, lo que representa el 11.5 por ciento de la población de ese rango de edad. El 61 por
ciento eran hombres (2 millones) y el 39 por ciento mujeres (1.3 millones).
De ese total, 1.8 millones se encontraban laborando en una “ocupación no permitida”; 1.3
millones desempeñaban quehaceres exclusivamente domésticos “en condiciones no
adecuadas” y 262 mil realizaban una “ocupación no permitida en condiciones no adecuadas”.
El 31.6 por ciento se dedicaban a actividades agrícolas; el 24.5 por ciento a la construcción,
minería e industria; el 14 por ciento al comercio; el 7.9 por ciento eran vendedores
ambulantes, mientras que el 5.6 por ciento realizan servicios personales y el 5.4 por ciento al
trabajo doméstico. Las entidades federativas que concentran el mayor porcentaje de trabajo
infantil son Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí.
Y es que de seguir en esa tendencia, las cifras podrían aumentar hasta 5.5 por ciento por el
impacto que ha dejado la pandemia por COVID-19, según el Buró de Asuntos Laborales
Internacionales del Departamento del Trabajo en EEUU.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), está prohibido emplear a menores de 18 años
dentro del círculo familiar en actividades que atenten contra su salud, su seguridad o
moralidad.
En ese sentido, la funcionaria estadounidense también sostuvo una reunión con Luisa Alcalde,
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y externó una invitación a México
para que se integre a la asociación Multilateral para la Organización, el Empoderamiento de los
Trabajadores y los Derechos (M-Power por sus siglas en inglés), que consiste en una iniciativa
multilateral para garantizar los derechos sindicales en la economía mundial.
Cabe recordar que el pasado 23 de febrero, el Senado aprobó una minuta para reformar el
artículo 176, fracción II, numeral 8 de la LFT con el fin de legalizar el trabajo de los
adolescentes de 15 a 17 años en el sector agrícola (si es que no se ocupa maquinaria
pesada), ante lo cual la asociación Save the Children en México se pronunció en contra debido
a que se afectaría la integridad de los menores.
