Minimizar la magnitud de lo que sucede podría afectar la eficacia en las acciones
gubernamentales necesarias para abordar esta problemática en aumento
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En su conferencia de prensa la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador restó
importancia a la crisis de desplazamiento forzado en Chiapas, desatando críticas y
cuestionamientos sobre la respuesta del Gobierno ante la violencia del crimen organizado en
la región.
Durante el evento, la reportera Reyna Haydee Ramírez confrontó al presidente con preguntas
directas sobre la magnitud del desplazamiento y las acciones gubernamentales al respecto.
“¿Cuánta gente ha sido desplazada? ¿Qué reporte le dan a usted?”, interrogó la periodista,
mientras el presidente anunciaba la construcción de puentes para mejorar la comunicación en
Chiapas.
La respuesta de AMLO fue minimizadora: “Muy pocos. Estamos nosotros pendientes y ya se ha
tranquilizado bastante la situación, tenemos presencia”, afirmó el mandatario, sin embargo,
organizaciones de derechos humanos contradicen esta visión oficial.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió un informe el 23
de enero, señalando que más de 2,300 personas han sido desplazadas en las últimas semanas
debido a la narcoviolencia en las regiones Sierra y Frontera de Chiapas. El informe describe la
situación como una verdadera crisis humanitaria, afectando a personas originarias de los
municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia.
El presidente, al carecer de datos precisos, fue objeto de críticas por parte de sectores que
consideran que minimizar la magnitud del desplazamiento podría afectar la eficacia de las
acciones gubernamentales necesarias para abordar esta problemática en aumento.
Este conflicto evidencia la brecha entre la percepción oficial y la realidad que enfrentan
comunidades afectadas por la violencia. La respuesta del gobierno ante esta situación plantea
la necesidad de una evaluación más detallada y medidas concretas para abordar la creciente
problemática del desplazamiento forzado en Chiapas.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) ha
informado un significativo incremento en el desplazamiento interno forzado en México a causa
de la violencia, revelando cifras alarmantes durante el año pasado.
Durante el 2023, la CMDPDH documentó 45 episodios de desplazamiento en nueve estados
del país, marcando un aumento considerable respecto a los 26 eventos registrados en siete
estados durante el año 2022. Estas cifras revelan una realidad cruda y compleja que afecta a
miles de personas.
El primer semestre del 2023 fue especialmente crítico con la organización, estimando que al
menos 7,710 personas se vieron afectadas en ocho estados, entre ellos Zacatecas, Chiapas,
Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas. Según el último
informe de la CMDPDH, esto se traduce en un promedio de 43 personas desplazadas
diariamente.
Lo más alarmante es la expansión del fenómeno a estados que antes no estaban en el foco de
este problema, como San Luis Potosí y el Estado de México. Estos desplazamientos están
vinculados a enfrentamientos entre grupos delictivos y cárteles del narcotráfico, revelando una
creciente complejidad en la dinámica de la violencia en el país.
En un ejemplo concreto, en Chiapas, el Sistema Estatal de Protección Civil reportó el 27 de
enero que en el municipio de Chicomuselo, una población de mil 880 personas fue desplazada
debido a la presencia del crimen organizado. Estas personas están siendo atendidas en
albergues temporales en los municipios de Tzimol y Socoltenango.
Ante esta crisis humanitaria, se han desplegado esfuerzos considerables para brindar apoyo a
los desplazados. En estos albergues temporales se han entregado 26.4 toneladas de alimentos,
agua, ropa y medicamentos. Además, se proporcionan servicios esenciales como vacunación,
odontología y atención médica general, buscando mitigar los impactos de esta situación crítica.
El aumento en el desplazamiento interno en México representa no solo un desafío
humanitario sino también un llamado urgente a la atención y acción de las autoridades para
abordar las raíces profundas de esta violencia y garantizar la seguridad y el bienestar de la
población afectada.
La CMDPDH continúa su labor crucial en la defensa de los derechos humanos, destacando la
importancia de la conciencia global y la solidaridad para abordar esta problemática que afecta
a miles de personas en el país.
En la Sierra de Chicomuselo, cientos de hombres, mujeres y niños enfrentan una cruda
realidad tras abandonar sus hogares hace más de una semana debido a las amenazas de un
grupo criminal. Sin ayuda institucional se encuentran enfermos, sin alimentos y viviendo en la
precariedad.
Originarios de Monte Sinaí, San Antonio El Ocotal, Cuatro Caminos y Galicia, municipio de
Chicomuselo, estos desplazados buscan refugio en casas de conocidos y en domos de
comunidades en Siltepec y Honduras de la Sierra. Fueron forzados a huir entre caminos de
extravío, llevándose consigo solo lo que tenían puesto, después de ser expulsados con balas
del ejido Galicia, un poblado de 520 habitantes.
Una de las afectadas relató que, tras su partida, el grupo criminal saqueó sus hogares,
llevándose vehículos, electrodomésticos, animales y todo lo que encontraron a su paso.
Muchas mujeres, como ella, carecen de los recursos necesarios para sobrevivir, dependiendo
de la solidaridad de las comunidades que les brindan refugio.
En Galicia, donde vivían una vida sencilla, las incursiones del grupo armado dejaron a la
comunidad derrotada. La mujer se cuestiona: “¿Ahora qué podemos hacer nosotros? ¿Qué
vamos a hacer sin nada y con las manos cruzadas?”. Además, lamenta la pérdida de vidas
durante la incursión y denuncia el abandono de las autoridades locales.
El grupo criminal identificado como “Maíz”, vinculado a un grupo criminal, intensificó sus
operaciones en la región, originando caos y tragedia en comunidades vulnerables. Mientras
tanto, los afectados claman por ayuda en medio de la desesperación, destacando la falta de
respuesta por parte de las autoridades locales.
Mientras algunos desplazados intentan retornar a sus hogares, recordemos que este
fenómeno afecta gravemente a comunidades enteras, exponiendo la vulnerabilidad de
quienes se ven atrapados en medio de la violencia y la falta de apoyo gubernamental.
En la Selva Lacandona, Chiapas, la violencia ha forzado a miles a abandonar sus hogares,
llevando a la formación de grupos de autodefensa. En Frontera Corozal, habitantes han creado
guardias comunitarias en respuesta a una serie de hechos violentos, enfrentándose al crimen
organizado.
Hace cuatro meses, 3 mil pobladores organizaron guardias permanentes, instalando barricadas
y retenes para combatir la influencia de criminales que controlan el tráfico ilícito en la frontera
entre las selvas Lacandona y del Petén.
Armados con machetes, armas de caza y adquiridas por altos costos, los habitantes buscan
defenderse ante el cobro de piso por extorsionadores. El sacrificio económico para comprar
armas revela la desesperación y la falta de respuesta de las autoridades ante la creciente
violencia.
En septiembre de 2023, los pobladores marcharon exigiendo la presencia de la Guardia
Nacional y del Ejército para desmantelar a un grupo criminal liderado por el expolicía Cabrero
Segundo López. Acusan a este grupo criminal de asesinatos, secuestros, extorsiones y cobro de
derecho de piso.
