Organizaciones civiles instaan a una respuesta más contundente para abordar las
raíces profundas de la violencia
Argenis Esquipulas
La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, ha convocado a una significativa
jornada de ayuno y oración en un llamado urgente por la paz en la región. Mons.
Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de esta diócesis, ha manifestado su profunda
preocupación ante las persistentes situaciones de violencia que azotan al país.
Con una valiente postura, el prelado ha alzado su voz en múltiples ocasiones contra los
inquietantes embates de la violencia, especialmente provenientes del crimen
organizado que afecta la frontera sur de México. Aguilar Martínez no ha escatimado en
denunciar los graves problemas que enfrentan los habitantes de la región, quienes se
ven amenazados e incluso forzados a unirse a las filas de estas organizaciones
criminales.
Este llamado a la jornada de ayuno y oración no solo refleja la profunda preocupación
de la Diócesis por la seguridad y el bienestar de la comunidad, sino también la firme
determinación de enfrentar los desafíos que la violencia impone en la región. La
Iglesia, a través de Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, busca no solo la protección
espiritual, sino también la justicia y la paz para aquellos que sufren las consecuencias
de los “azotes de la violencia” que persisten en la frontera sur de México.
En una carta impactante difundida en septiembre de 2023, el prelado Mons. Aguilar
Martínez emitió una alarmante advertencia sobre el estado de Chiapas, señalándolo
como un territorio “desgarrado por la violencia”. En esta misiva, destacó que la raíz de
la creciente ola de violencia residía en los enfrentamientos entre grupos criminales,
dejando a la población vulnerable y atemorizada.
En diciembre del mismo año, el líder religioso reiteró sus preocupaciones, alertando
que el crimen organizado mantenía a los pueblos de Chiapas sitiados, secuestrados,
intimidados y amenazados de manera constante, exacerbando la vulnerabilidad de la
población día tras día.
La gravedad de la situación llevó a Mons. Aguilar Martínez a convocar a la acción en su
mensaje del 8 de febrero de este año. En un llamado enérgico, instó a la comunidad a
unirse en una jornada para “vivir plenamente esta Cuaresma”. Más allá de la
dimensión espiritual, el mensaje del prelado implica una urgencia ineludible de
enfrentar los desafíos que enfrenta Chiapas.
Las autoridades locales han respondido de manera diversa a la crisis, pero la
persistencia de la violencia plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas
adoptadas hasta ahora. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han
expresado su preocupación y han instado a una respuesta más contundente para
abordar las raíces profundas de la violencia.
Este llamado a la acción de Mons. Aguilar Martínez no solo resuena en el ámbito
religioso, sino que también destaca la necesidad de una respuesta colectiva y
multifacética para abordar la compleja situación en Chiapas.
La sociedad civil, las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad están
llamadas a colaborar de manera efectiva para restaurar la paz y la seguridad en la
región.
A medida que la comunidad se moviliza para enfrentar estos desafíos, la situación en
Chiapas sigue siendo un recordatorio urgente de la importancia de abordar las causas
fundamentales de la violencia y trabajar hacia un futuro más seguro y equitativo para
todos los habitantes de la región.
El pasado 14 de Octubre del 2023, habitantes de la zona Sierra Madre de Chiapas,
protagonizaron una “marcha por la paz” donde denunciaron la creciente violencia y la
inacción gubernamental.
Desde el arco de la entrada principal del municipio hasta el parque central, los
habitantes, vestidos mayoritariamente de blanco, expresaron su preocupación por la
inseguridad y reportaron bloqueos frecuentes en Frontera Comalapa.
En un comunicado, los organizadores hicieron un llamado a la sociedad para unirse
pacíficamente, exigiendo la intervención gubernamental y la instauración del Estado
de Derecho. “Nadie por encima de la ley y nadie por debajo de ella”, subrayaron.
Hombres, mujeres y niños alzaron la voz por la paz y seguridad en Chicomuselo,
portando pancartas con el lema “Paz para el municipio”. La diversidad de participantes
incluyó a maestros, transportistas, profesionales de la salud, deportistas,
comerciantes, líderes comunitarios y ganaderos.
La región ha experimentado una escalada de violencia durante más de dos años
debido a disputas territoriales, intensificadas por la división de celulas delictivas, que
permitió la entrada de nuevos grupos delincuenciales.
Los organizadores destacaron que la manifestación también busca reivindicar la
resistencia de los pueblos indígenas y campesinos en México y América Latina. La
población, exhausta de la impunidad de grupos violentos, insta al Gobierno a actuar de
manera urgente para restaurar la paz en Chicomuselo.
El pasado 14 de noviembre, en unidad y protesta, cientos de devotos católicos se
congregaron en los municipios de Palenque y Comitán, ataviados de blanco y portando
símbolos religiosos. Su clamor resonó alto y claro: “Liberen nuestras comunidades del
yugo del crimen organizado, permitiendo que recuperemos la soberanía de nuestros
territorios y la autonomía de nuestras vidas”.
Las calles de estos municipios fronterizos se llenaron de fervor religioso, flores frescas
y pancartas que denunciaban la sombría influencia del crimen organizado en la región
norte de Chiapas. En un ambiente marcado por oraciones y cánticos, los fieles alzaron
su voz en favor de la paz y la justicia para sus pueblos.
La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas emitió un pronunciamiento en el cual destacó
que el crimen organizado opera de manera despiadada y sin temor alguno. Su objetivo
es claro: controlar el territorio, explotar sus recursos naturales y ejercer un control
coercitivo sobre las comunidades. Esta presencia perniciosa ha culminado en
violaciones flagrantes de los derechos humanos, incluyendo el asesinato y
desaparición de mujeres, defensores de derechos humanos y familias enteras.
Los manifestantes también alzaron su voz contra la proliferación de cantinas que
venden alcohol y drogas en las comunidades, así como centros de prostitución que han
emergido en la sombra de esta crisis. La utilización de grupos paramilitares para
infundir miedo en la población y arrebatarles sus tierras, así como la alarmante
tendencia de extorsiones y secuestros de migrantes, han transformado a estas
poblaciones en campos de batalla caóticos.
Esta marcha no solo representa una búsqueda de paz, sino también un grito colectivo
en demanda de justicia y un resurgimiento de la dignidad humana en estas
comunidades. Mientras los fieles continúan orando por el bienestar de sus vecinos y la
liberación de su tierra, la atención se centra en cómo esta movilización impactará en el
curso de estos eventos cruciales para el futuro de Chiapas.
En octubre del 2021, un grupo de las comunidades indígenas en Altamirano en el
estado mexicano de Chiapas secuestró al edil Roberto Pinto Kánter.
Actos violentos en Altamirano
El 22 de Marzo del 2022, tras un conflicto post-electoral en el municipio de
Altamirano, 47 personas siguen retenidas; de ellas, 37 son indígenas tojolabales de la
zona.
Hasta el día de ayer martes fueron liberados 10 de los 19 choferes retenidos de
transporte de carga que cruzaban la carretera Altamirano-Comitán. Todos ellos se
encuentran en el Ejido Candelaria, ubicado a 40 kilómetros de la cabecera municipal de
Altamirano.
Esta situación inició en octubre de 2021, cuando un grupo de pobladores de este ejido
retuvieron a Roberto Pinto Kanter, exesposo de Gabriela Roque Tiapacamú, quién
asumiría el cargo de alcaldesa en sustitución de su exesposo que culminaba su
encomienda en 2021. Por ello, los pobladores del ejido lo secuestraron, para impedir
que tomara el cargo.
Ejidatarios y pobladores del municipio, dieron a conocer en conferencia de prensa que
mantienen retenidos por más de dos meses y medio privados de su libertad un grupo
de 47 ejidatarios, retenidos por partidarios del exalcalde Roberto Pinto Kánter, sus
familiares piden la intervención de las autoridades federales y estatales para que sean
liberados.
Los familiares y ejidatarios dieron a conocer que se encuentran cansados de dicha
situación y advirtieron que si las autoridades estatales no hacen justicia, irán con el
Gobierno federal. “Es la única forma. Seguiremos presionando, dando a conocer cuál
es la problemática y actuando conforme a derecho, sin violencia”, expresaron.
Los manifestantes refirieron que 27 de los campesinos, fueron secuestrados el 29 de
diciembre por seguidores de Roberto Pinto Kánter, y los demás en fechas posteriores,
como represalia por la conformación del Concejo que preside María García, que
sustituye al Ayuntamiento que encabezaba Gabriela Roque Tipacamú, esposa de Pinto
Kánter.
Ejidatarios de Altamirano, Chiapas, vandalizan oficinas y viviendas en protesta por
no permitirles circular mototaxis
En el mes de agosto del año 2021 ejidatarios del municipio, quemaron vehículos,
mototaxis y causaron destrozos en oficinas de Gobierno en protesta por no otorgarles
el permiso para trabajar más de 200 mototaxis.
Los manifestantes retuvieron y golpearon a una persona.
Durante la protesta los manifestantes prendieron fuego a una retro excavadora,
causaron destrozos en las oficinas administrativas, presidencia municipal y dos
viviendas particulares entre ellas una del presidente municipal Roberto Pinto Kanter.
La molestia de los ejidatarios es porque las autoridades del transporte solo autorizaron
la circulación de 15 mototaxis y no 256 como ellos pretendían hacerlo.
La noche del 15 de septiembre del 2021 decenas de habitantes incendiaron la
Presidencia municipal de Altamirano, causaron destrozos y quemaron la única patrulla,
minutos después de la ceremonia del Grito de la Independencia.
El alcalde Roberto Pinto Kánter, cuya esposa Gabriela Roque Tipacamú lo sucederá en
el cargo a partir del primero de octubre, responsabilizó de los hechos a este ejido, pero
el comisariado René Sántiz Espinosa se deslindó y aseguró que los autores de la quema
del Palacio Municipal podrían ser “gentes pagadas”.
“Llegó un grupo de vándalos del ejido Altamirano, hijos de ejidatarios, y destruyeron
completamente nuestro Ayuntamiento; saquearon y robaron computadoras, muebles,
sillones y hasta la propia bandera”, acusó en un video Pinto Kanter.
No es posible, indicó que “terceras personas estén infringiendo la ley, interrumpiendo
los actos protocolarios; en el Grito de Independencia que dimos puntualmente como lo
teníamos anunciado a las 22 horas, llegó un grupo de vándalos” a ocasionar los daños.
Agregó que “no sólo destruyeron la Presidencia Municipal, sino que quemaron la única
patrulla que nos quedaba”, por lo que solicitó autoridades estatales “que se haga algo,
que se actúe, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, caer en la
intolerancia, ni permitir que sigan dañando la integridad de la gente”.
Octubre 2021
Indígenas de varias comunidades del municipio de Altamirano, quemaron la casa del
alcalde Roberto Pinto Kanter y lo retuvieron por incumplir promesas y obras durante
Gobierno; el municipio entregaría la estafeta el viernes 1 de octubre a su esposa, quien
resultó electa el pasado 6 de junio.
Luego de que también le incendiaron la Presidencia Municipal el pasado 15 de
septiembre, sacaron por la fuerza al alcalde de su vivienda y la incendiaron.
También otros dos integrantes más de su Cabildo fueron llevados por la fuerza sin que
hasta el momento se conozca el paradero de ellos.
Actos violentos en Altamirano en Octubre
Ejidatarios y pobladores de diferentes ejidos del municipio de Altamirano, destruyendo
un carro y el domicilio del señor Lorenzo García en la cabecera municipal de
Altamirano, esto después de no respeta la ley seca, intermpuesta por Gabriel Montoya
Oseguera, presidente concejal nombrado el pasado mes de octubre del año 2021.
Los hechos se registraron en el barrio las casitas, los ejidatarios señalaron que el señor
Lorenzo García, dueño de un aserradero, en compañía de sus dos hijos se encontraban
ingiriendo bebidas alcohólicas a las fueras de su domicilio.
Ante el escandalo sobre la vía pública, elementos de la Policía Municipal acudieron al
domicilio de Lorenzo García, para hacerle de su conocimiento, que el municipio de
Altamirano se encuentra en ley seca, bajo el efecto del alcohol, Lorenzo García agredió
a una elemento de seguridad, por lo que los uniformados solicitaron apoyo, arribando
al domicilio ejidatarios de Altamirano dónde bandalizaron y destruyeron un carro y el
inmueble de lorenzo García y la detención tres personas en la cárcel municipal, por
desobedecer las reglas de la localida.
Cabe señalar que el pasado 30 de septiembre habitantes del municipio de Altamirano
retuvieron al expresidente municipal Roberto Pinto Kanter, esposo de Gabriela Roque
Tipacamu quien renunció como presidenta municipal para el trienio 2021-2024.
Es preciso mencionar que habitantes de los 10 barrios que conforman la cabecera
municipal de Altamirano, se encargan de dar seguridad a la población, desde el 30 de
septiembre.
A principios del mes de Octubre El Congreso del Estado de Chiapas nombró un nuevo
Concejo con una mujer como presidenta, pero también en esta fórmula se encuentra
un excandidato a la Alcaldía que perdió en elección, Gabriel Montoya Oseguera.
Por esta situación, los inconformes a este Concejo se agruparon en lo que hoy se hace
llamar “Comisión por la Lucha de la Justicia y Democracia de Altamirano”, un grupo
que busca la destitución del grupo de Gobierno actual, porque afirmaron que éste ha
sido impuesto y sólo le beneficia a un excandidato.
Para el 06 de octubre surgió un nuevo grupo armado en el municipio de Altamirano,
fue a través de un video, hombres con el rostro cubierto y portando armas de fuego,
manifestaron su respaldo a la población inconforme por las autoridades municipales
que en una sola familia ha gobernado por varios trienios.
Para el 22 de octubre, Gabriela Roque Tipacamú, y su Cabildo completo, presentaron
su renuncia ante el Congreso del Estado en busca de lograr la libertad de su esposo y
expresidente municipal Roberto Pinto Kanter, retenido octubre por ejidatarios de
Altamirano, quienes rechazan lo que llaman la imposición familiar en el Gobierno
municipal.
El documento de renuncia fue presentado ante el pleno del Poder Legislativo.
La renuncia fue parte de la exigencia del grupo opositor para instalar un concejo y
liberar al expresidente quien cumple 22 días retenido en la casa ejidal del pueblo.
