La comunidad exige a autoridades erradicar los actos de violencia en su contra y brindar acceso a
justicia
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En 2023, Chiapas enfrentó la trágica realidad de seis asesinatos de miembros de la comunidad
LGBTTTIQ+, perpetrados en diversos municipios de la entidad. Estos actos, catalogados como
crímenes de odio, también entran en el rango de feminicidios, esto se traduce a que más del 70
por ciento de las agresiones se dirigieron contra personas trans.
En los últimos seis años, la entidad ha registrado un total de 17 homicidios efectuados contra
miembros de la comunidad antes mencionada. Sin embargo, la falta de tipificación de los crímenes
de odio por homofobia y lesbofobia, excepto los casos de mujeres transgénero, hasta la fecha son
penados por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que
busca garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales sin discriminación alguna.
La aplicación efectiva de esta ley y la implementación de protocolos judiciales con perspectiva de
género se convierten en prioridad para enfrentar la impunidad que rodea estos crímenes. No
obstante, la carencia de capacitación a servidores públicos, la ausencia de intervención
significativa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y la falta de leyes que
amparen los derechos de esta comunidad son obstáculos evidentes y que dejan vulnerables a esta
comunidad.
El silencio que rodea los crímenes de odio perpetrados en los años 90’s por homofobia destaca
una deuda pendiente en Chiapas. Los activistas de la Comunidad LGBTTIQ+ subrayaron la
necesidad de esclarecer y abordar estos eventos ocurridos hace más de tres décadas. En este
contexto, la petición de aprobación de una reglamentación que proteja los derechos de la
comunidad y garantice el acceso a la justicia se mantiene, evidenciando la urgencia de medidas
concretas para abordar los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTTIQ+ en Chiapas.
