Los manifestantes exigen justicia educativa y alto a los hostigamientos por parte de las instancias
gubernamentales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En una nueva jornada de manifestación, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá
bloquearon la avenida central de Tuxtla Gutiérrez y ocuparon las instalaciones de Palacio de
Gobierno el día de ayer, lo que dejó a más de 300 trabajadores atrapados.
La protesta surge como respuesta a la falta de diálogo por parte de las autoridades, según indicó el
vocero del movimiento. Denunciaron que estudiantes que fueron detenidos hace dos años o están
a punto de graduarse enfrentan la pérdida de oportunidades, ya que la imposibilidad de realizar
exámenes presenciales podría costarles su plaza.
En un testimonio directo, el vocero expresó: “Los compañeros que actualmente se encuentran en
el internado también podrían perder la oportunidad de participar por una plaza. Las dificultades
económicas en zonas de difícil acceso hacen que la opción de un examen presencial sea crucial
para garantizar la equidad en la evaluación”.
La tensión ha aumentado debido al hostigamiento por parte de las autoridades, incluso hacia
egresados que continúan manifestándose, advirtiéndoles sobre posibles consecuencias legales.
“Hasta el día de hoy las autoridades hostigan a la población estudiantil e incluso a los egresados;
les mencionan que pueden ser privados de su libertad”, subrayó el vocero.
La raíz del conflicto se encuentra en la negativa de la Secretaría de Educación Pública y
funcionarios pertinentes, incluso a nivel federal, para abrir un diálogo significativo. “Esta
administración tiene que resolver la problemática. No estamos dispuestos a esperar que la
próxima gestión lo haga y se deslinde de cualquier responsabilidad”, enfatizó el representante
normalista.
Cabe destacar que el movimiento estudiantil también busca eliminar las carpetas de investigación
abiertas contra estudiantes detenidos en la caseta de Chiapas de Corzo en 2021. En aquel
momento, se abrieron 95 investigaciones contra estudiantes que abogaban por un examen
presencial, esto evidenciaba las carencias económicas y tecnológicas que enfrentan en zonas
marginadas. La disparidad entre la negativa para un examen presencial y la realización de
elecciones presenciales en el mismo año ha exacerbado la indignación estudiantil.
