Aseguran que siguen siendo rehenes y continuan enfrentando la violación sistemática de
sus derechos humanos
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
Familiares de los indígenas Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez
Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Manuel Gómez Vázquez y Agustín Pérez Velasco,
del municipio de San Juan Cancuc, siguen siendo rehenes del Estado Mexicano, víctimas
de violación de sus derechos humanos desde el 19 de mayo del 2022.
En representación de la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ Nivel Chiapas, Rosa
Fernanda Cerna, expuso que el mal Gobierno también ha abonado a la detención injusta,
arbitraria y ventajosa en agravio de José Díaz Gómez, base de apoyo del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) y sigue siendo víctima de un Poder Judicial de Chiapas que
ha incurrido sistemáticamente en la violación de sus garantias, pues sigue preso desde el
25 de diciembre del 2022.
“El estado de Chiapas es una fábrica de culpables, a 20 meses de haber sido detenidos los
indígenas Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Martín
Pérez Domínguez, Manuel Gómez Vázquez y Agustín Pérez Velasco, del municipio de San
Juan Cancuc, siguen siendo rehenes del Estado Mexicano, víctimas de violación de sus
derechos humanos desde el 19 de mayo del 2022”, señalaron en conferencia de prensa.
Mientras tanto el activista Juan Pablo Nava Gómez, del grupo de trabajo No Estamos
Todos, leyó el texto de los indígenas presos de San Juan Cancuc en el penal de San
Cristóbal de Las Casas, en el que condena la detención desde hace 22 meses, pese a
comprobar que somos inocentes de los delitos por los que nos acusan, “basta de
fabricación de delitos, basta de fabricar delitos, basta de testigos falsos”, expresó.
A su vez, Dora Lilia Roblero García, directora del acento de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas, dijo que la protesta en el Tribunal Superior de Justicia del Estado
es por exigencia de la aplicación de la ley, lo que ha pasado durante muchos meses es una
injusticia, lo que ha habido es una simulación, vulnerando los derechos para una defensa
continua y diligente.
A su vez Jorge López, abogado, del Centro de Derechos Humanos, expuso que no habrá
marcha atrás en la lucha por la legalidad ante la injusta y arbitraria “aplicación de la ley”,
se ha documentado la fabricación de culpables por la Fiscalía General del Estado y
Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que ha llevado a qué las penitenciarias estén
llenas de personas inocentes.
Lo que existe es una arbitrariedad, impunidad e injusticia en contra de los indígenas
defensores de derechos humanos y bases del EZLN, la exigencia es la libertad absolutoria,
por lo que existe en riesgo de que sean sentenciados con con abuso de poder, puntualizó.
